La pretensión de los LeBarón de cobrar 4,700 millones de dólares de los bienes de «El Mayo» Zambada se complica tras la sentencia dictada por el juez Cogan y la postura del Departamento de Justicia.
Lo que la familia LeBarón buscaba convertir en un precedente histórico de reparación del daño parece haberse desvanecido en los tribunales estadounidenses. Tras la reciente sentencia dictada por el juez Brian Cogan en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», y la estricta postura del Departamento de Justicia de EE. UU., las posibilidades de que las víctimas de la masacre de Bavispe logren una indemnización millonaria se han reducido drásticamente.
El revés judicial y los 15,000 millones de «El Mencho»
La semana pasada, la familia LeBarón intentó exigir ante la justicia estadounidense el pago de una indemnización por 4,700 millones de dólares, recurso que pretendían cobrar directamente de los bienes asegurados a Ismael «El Mayo» Zambada, a quien acusan de haber facilitado hombres y armas al Cártel de Juárez durante la tragedia ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Sonora.
Sin embargo, el panorama dio un giro drástico con la sentencia a «El Mencho». Además de la cadena perpetua, el juez Cogan ratificó una orden de decomiso penal por un monto histórico de 15,000 millones de dólares, superando la sanción impuesta en 2019 a Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El Estado estadounidense va primero
Documentos judiciales revelan que el Departamento de Justicia solicitó formalmente que cualquier activo recuperado del patrimonio de Zambada sea transferido de manera directa y exclusiva a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal en Nueva York.
El argumento central de Washington es contundente: por ley federal, las sentencias de decomiso penal constituyen un derecho preferente y absoluto del Estado soberano. Bajo esta premisa, los fiscales han bloqueado sistemáticamente la intervención de terceros, bajo el argumento de que las víctimas civiles y extranjeros carecen de personalidad jurídica para apropiarse de recursos en un juicio criminal federal.
Opacidad financiera y futuro incierto
A esta negativa se suma un obstáculo crítico en torno al patrimonio de «El Mayo». A pesar de que el capo firmó un acuerdo de culpabilidad en 2025 que lo obligaba a entregar un desglose financiero de sus bienes, el gobierno estadounidense ha señalado preliminarmente que no se han identificado activos sustanciales a su nombre.
Para los representantes legales de la familia LeBarón, esta situación apunta a una posible maniobra legal para mantener bajo sello el inventario real de la fortuna del Cártel de Sinaloa, dejando a las víctimas indirectas de la masacre de Bavispe sin una vía clara para ejecutar la indemnización que demandaban.
¿Consideras que los gobiernos deberían priorizar la compensación a las víctimas de la delincuencia organizada por encima de los decomisos estatales? ¡Déjanos tu opinión!
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