Desde que los portugueses colonizaron Brasil hace unos 520 años, los pueblos indígenas han luchado por recuperar sus derechos.
El gobierno actual, liderado por el presidente Jair Bolsonaro, quien prometió que no le daría «un centímetro más» de tierra a los pueblos indígenas, ha exacerbado este problema cuyo origen es previo a su mandato.
Los pueblos indígenas en Dourados hoy están luchando para poder quedarse con sus hijos, ya que los están separando de sus familias a un ritmo alarmante.
La población indígena en la ciudad no supera el 10 por ciento, pero los niños indígenas representan la mayor proporción de los niños bajo custodia del estado: el setenta por ciento, según un informe de 2017 de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) del gobierno federal.
Alegan casos de negligencia, generalmente vinculados a la pobreza. Sin embargo, existe un estatuto federal que establece que «la falta o la necesidad de recursos materiales no es razón suficiente para eliminar o suspender los derechos familiares».
Los activistas y profesionales indígenas que trabajan en el sistema de bienestar social afirman que cortar las conexiones de los niños indígenas con sus familias, comunidades, idioma y cultura es una violación de sus derechos.
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