Corte Suprema permite a Trump eliminar TPS; Disney cesa a 45 trabajadores venezolanos en parques temáticos
Walt Disney World ha suspendido a al menos 45 trabajadores venezolanos tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autoriza al presidente Donald Trump la eliminación del TPS para migrantes de Venezuela.
Un portavoz de la empresa confirmó a la agencia EFE que los trabajadores están en licencia sin goce de sueldo, aunque continúan recibiendo algunos beneficios mientras se define su situación migratoria.
Esta medida se produce luego de que el gobierno de Trump, con el respaldo del máximo tribunal, decidiera revocar el TPS para al menos 350,000 venezolanos, al considerar —según su Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— que las condiciones en Venezuela han mejorado.
Florida: epicentro del impacto migratorio
Según el Pew Research Center, más de 300,000 venezolanos viven en Florida, la mayoría concentrados en zonas cercanas a los parques de Disney en Orlando. Por ello, el fallo afecta de manera desproporcionada a esta comunidad, que representa casi el 60% de los beneficiarios del TPS venezolano en Estados Unidos.
Organizaciones de defensa de derechos humanos advierten que miles de familias quedarían expuestas a deportaciones masivas, sin vías claras para regularizar su estancia. Aunque el secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado que muchos podrían solicitar asilo, no existe garantía de aprobación automática.
Disney, Haití y Centroamérica: trabajadores en riesgo
No solo los venezolanos están en riesgo. Disney emplea también a más de 500 haitianos, así como a cientos de trabajadores originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua, todos beneficiarios del TPS. La eliminación del programa por parte del gobierno de Trump pone en jaque a una parte significativa de su fuerza laboral.
La compañía está realizando revisiones internas para medir el posible impacto en sus operaciones si se ejecutan deportaciones masivas en los próximos meses. A nivel federal, hay demandas activas en California y otros estados para bloquear la medida, argumentando que Venezuela y otros países aún enfrentan crisis humanitarias.
Una política migratoria cada vez más restrictiva
Desde su llegada al poder, Trump ha buscado restringir el uso del TPS, argumentando que ha sido mal utilizado y prolongado más allá de su intención original. La Corte Suprema avaló su facultad de cancelar este beneficio migratorio, dejando a los beneficiarios un plazo de 60 días para regularizar su situación o abandonar el país.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal que votó en contra del fallo, advirtiendo sobre sus consecuencias humanitarias.
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