La reforma fiscal intensifica la lucha contra las factureras, pero persisten vacíos legales y amenazas de inconstitucionalidad
La Cámara de Diputados aprobó el 15 de octubre de 2025 reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) con el objetivo de fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y endurecer el combate contra la evasión fiscal, principalmente las estructuras de simulación conocidas como “factureras” (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas o EFOS). Esta iniciativa, parte del Paquete Económico 2026, busca proteger el interés fiscal de la Federación.
Sin embargo, el análisis de las reformas revela una serie de vulnerabilidades que podrían comprometer la seguridad jurídica de los contribuyentes. Especialistas en derecho fiscal advierten que la estrategia del legislador privilegia la coerción penal severa sobre una reforma estructural, lo que podría llevar a una ola de litigios y declaratorias de inconstitucionalidad.
Las nuevas facultades punitivas del SAT
La motivación de los cambios se centra en la armonización del CFF con el artículo 19 de la Constitución y el incremento de la capacidad de fiscalización. Entre las nuevas facultades centrales otorgadas al SAT, se encuentran:
- Prisión Preventiva Oficiosa (PPO): La intención de aplicar la PPO a personas vinculadas con cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
- CSD: Suspensión inmediata del Certificado de Sello Digital (CSD) a personas morales cuando se detecte que alguno de sus socios o representantes ha participado previamente en empresas vinculadas a la facturación falsa. La cancelación del CSD es equivalente a la «muerte civil» de una empresa, ya que le impide operar legalmente.
- Visitas Domiciliarias Exprés: Se implementan las visitas domiciliarias con un plazo reducido de 24 días para su verificación.
El conflicto con la SCJN y los derechos en riesgo
A pesar de la dureza de las medidas, el dictamen ignora un precedente constitucional vinculante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había declarado inconstitucional la imposición automática de la PPO para diversos delitos fiscales en noviembre de 2022 y lo publicó en agosto de 2025. El fundamento de invalidez se basa en que estos delitos no cumplen con la condición de ser considerados “amenazas a la Seguridad Nacional”, un requisito indispensable para justificar la medida cautelar automática.
La reintroducción de la PPO en el CFF, aun bajo el pretexto de la armonización constitucional, constituye una provocación legislativa que ignora la jurisprudencia más reciente y clara de la SCJN. La limitación operativa no proviene de un vacío legal, sino de un conflicto frontal y directo con la doctrina constitucional establecida, lo que debilita la eficacia percibida de la autoridad tributaria.
La reforma también introduce mecanismos que restringen el derecho de defensa y el acceso a la justicia de los contribuyentes. La cancelación inmediata del CSD por presunción de inexistencia (Art. 49 Bis) viola la presunción de inocencia y la garantía de audiencia, convirtiendo la fiscalización en un proceso de ejecución inmediata.
El fantasma de la censura y los vacíos legales
Las facultades de fiscalización se extienden al entorno digital, generando preocupaciones significativas en materia de derechos digitales y libertad de expresión, específicamente a través de la propuesta de Artículo 30-B.
El Artículo 30-B faculta al SAT a solicitar a las plataformas de servicios digitales el acceso permanente, irrestricto y en tiempo real a toda la «información relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen». Organizaciones de defensa de los derechos digitales han argumentado que esta medida es inconstitucional por la restricción vaga que impone al derecho a la privacidad y por la ausencia de un control judicial previo. Esta disposición legal implica que la reforma fiscal abre la puerta a una arquitectura de vigilancia estatal masiva bajo el pretexto de la recaudación tributaria.
Además, el Artículo 30-B establece la posibilidad de aplicar una sanción extrema: el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Esta sanción es incompatible con el derecho a la libertad de expresión en Internet, pues habilita una medida de censura previa, la cual está prohibida expresamente por la Constitución.
La evasión sofisticada que persiste
Mientras el legislador se enfoca en endurecer la persecución penal de la simulación de facturas a nivel doméstico, la reforma deja estructuralmente desatendidas áreas críticas de la evasión sofisticada y transnacional. El vacío legal estratégico persiste en la falta de un sistema robusto de transparencia sobre el Beneficiario Final (BF). Esto permite que las redes criminales utilicen estructuras corporativas complejas, fideicomisos y jurisdicciones offshore para disfrazar la titularidad efectiva.
Al centrarse en la restricción del RFC basada en el historial de socios visibles, la reforma persigue el síntoma (el facturero individual) pero no la enfermedad estructural. Esto demuestra un desfase respecto a los estándares globales que buscan hacer frente a la evasión de montos mucho mayores por parte de compañías multinacionales.
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