Desde el año 2007 nos hemos incrustado en una discusión sobre sí tenemos que militarizar el país o no, cuando en realidad cualquiera de las dos decisiones, tiene muchas otras variantes a considerar.
Ningún partido ha sabido contrarrestar el poder territorial que hoy tiene el crimen organizado. La “solución fácil” de delegar toda la seguridad pública a las fuerzas armadas ha provocado la disminución sistemática de las capacidades y del presupuesto a las fuerzas civiles.
El gobierno federal ha dirigido todos los recursos a las fuerzas armadas, dejando de lado los fondos federales que se mandaban a los gobiernos locales, para el fortalecimiento de la seguridad pública local. A la par, los gobiernos locales por desidia, comodidad o por falta de presupuesto, han dejado también de invertir en las fuerzas civiles.
Por ello, no puede existir un discurso de a favor o en contra, como si no hubiera otra cosa en juego. La oposición que está en contra de la militarización, debe de garantizar un proyecto alterno, que permita que, en un futuro cercano, las fuerzas civiles tengan la capacidad de hacerse cargo de la seguridad pública y dejar a la militarización atrás. Por otro lado, las fuerzas políticas que hoy están a favor, deben de plantear un proyecto que permita vislumbrar en cuánto tiempo y cómo sería la manera de regresar la seguridad pública a manos de los civiles, mientras se mantiene en este momento, el control de las fuerzas armadas.
Ninguna de las posturas debe estar encaminada a que la militarización sea permanente o que ésta desaparezca de una noche a la mañana, porque ninguna de las dos es factible, ni viable en este momento. Por esta misma razón, la ciudadanía debe tener mucho cuidado en caer en las narrativas oficiales o de la oposición, porque jugar su juego, es provocar que el país se divida en un falso dilema, que en realidad no tiene ningún sentido discutir.
No se trata de personas que están a favor o en contra de la presencia del narco en el territorio nacional, porque en realidad, nadie lo está. La discusión se debe de elevar y llevar a otro nivel, para discutir y analizar, qué alternativa se necesita construir de aquí a un futuro cercano para que la seguridad pública regrese a las manos de las fuerzas civiles locales.
Ninguna democracia puede aspirar a que la militarización sea su única alternativa para garantizar la seguridad. Además, de que existen razones de sobra para asegurar que, si no ha funcionado esta política pública que se implementó desde hace 15 años, no funcionará en los años venideros.
Generemos conversación…
Hagamos ciudadanía…
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