En las últimas semanas son dos temas los que han estado en boca de todos; la militarización y la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué datos existen sobre cada tema?
La primera semana del mes de septiembre ha estado marcada por múltiples eventos de importancia local, nacional e internacional, como el plebiscito de la constitución chilena, el cuarto informe de gobierno, el fallecimiento de la reina Isabel o las fuertes lluvias que han ocurrido en el estado a finales de agosto. Sin embargo, la discusión nacional en estos días ha girado en torno a los temas de la Prisión Preventiva Oficiosa y a las reformas a las leyes secundarias para pasar la Guardia Nacional al control del ejercito. En la presente columna repasaremos lo que dicen los datos al respecto.
La prisión preventiva es una medida cautelar, disponible para ciertos delitos que pretende evitar que el indiciado pueda huir de su proceso y por ende de su condena. En este tema, el peligro consiste en el uso de este mecanismo como principal y única medida cautelar, en un sistema judicial que no se caracteriza por ser rápido o expedito y que actúa en perjuicio de los más pobres.
De acuerdo al artículo 19 de la Constitución, el juez ordenará prisión preventiva oficiosa en los siguientes casos: “abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
Aunque cada caso es único y la medida cautelar debe analizarse para cada situación particular, uno de los riesgos es que, tan solo por el nombre del delito, la prisión preventiva se vuelva la medida cautelar automática.
Al respecto, los datos que tenemos disponibles sobre la prisión preventiva son aquellos proporcionados por el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales de 2021, con datos del 2020. Estos datos nos revelan información inquietante: para empezar, el censo arrojó que de las personas encarceladas en 2020, el 85% (92,448) de estas personas no cuentan con sentencia.
De acuerdo al trabajo realizado con este conjunto de datos por el equipo de Animal Político e Intersecta.Org, (disponible en este enlace) los estados donde la mayor proporción de encarcelados en 2020 son “presuntos culpables” son la Ciudad de México (100%) y San Luís Potosí (99.4%). El estado de Coahuila es el sexto lugar en este porcentaje de encarcelados sin sentencia, con el 97.5%, además, el estado de Coahuila es el tercer estado donde los jueces conceden más prisiones preventivas con respecto a las vinculaciones solicitadas, con un 95.9% y solo por debajo del EDOMEX y Campeche.
La prisión preventiva es la más extrema de toda la lista de medidas cautelares contempladas por la ley, entre las que se encuentran la presentación cada 15 días ante un juez de control, la inmovilización o embargo de bienes, prohibiciones sobre salir del país, prohibiciones de acercamientos o colocación de brazaletes electrónicos, entre otras.
Los principales delitos en los que se emplea la prisión preventiva son el robo y el narcomenudeo. Según el reporte citado, el robo a transeúntes y el narcomenudeo con fines de comercio son los dos delitos por los que se da mayor prisión preventiva en la capital del país.
Otro dato terrible es el conocer que, una vez dentro de prisión, es “más fácil resolver el caso renunciando al juicio y declararse culpable que probar que se es inocente”. En este tenor, el mismo reportaje de Animal Político comenta que el 85% de las personas en esta situación prefiere declararse culpable para resolver su caso sin juicio o aceptar alguna salida alterna para dejar la prisión. En esta métrica, el mismo reportaje reporta que para el estado de Coahuila tan solo el 2.6% de los casos totales resueltos en el estado se resuelven a través del juicio, en contraste con el 84.5% de Chiapas o el 64% del Estado de México.
En el caso de la militarización (o del paso de la Guardia Nacional a la SEDENA) el riesgo es que un mayor ejercito en las calles implique detenciones más violentas, menor rendición de cuentas ante posibles arbitrariedades y un aumento en los mal-llamados “daños colaterales” en los enfrentamientos que pudieran ocurrir en el futuro. Recordemos que (como seguramente ha escuchado mucho en las últimas semanas) el entrenamiento de las fuerzas armadas es militar y no de seguridad civil; están entrenados más para emplear la violencia, y menos para seguir protocolos de Derechos Humanos.
A pesar de los riesgos advertidos por múltiples voces, la Marina, el Ejercito y ahora, la Guardia Nacional, gozan de los más altos niveles de confianza entre la ciudadanía, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022) con niveles de confianza de más del 80% y muy por encima de los jueces y las policías locales (aunque la confianza sí ha disminuido en los últimos años).
Respecto a las detenciones, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021) nos muestra que la Marina ocupa el segundo lugar con la mayor proporción de arrestos con violencia, mientras que el Ejercito y la Guardia Nacional ocupan los dos últimos lugares, aunque con más de un 65% de arrestos violentos.
Según Mexicanos contra la corrupción, analizando la misma base de datos, encontró que, a pesar de que los porcentajes de uso de violencia son bastante comparables, la Marina y el ejercito hacen más uso de la violencia física, de ataduras y de asfixia y ahorcamiento, además de que en el caso de los arrestos contra mujeres, la marina tiene los más altos números de violaciones, violencia sexual y lesiones en los órganos sexuales.
Además del posible uso excesivo de la violencia, otras problemáticas que suma la militarización de la guardia nacional serían la incertidumbre laboral para los miembros civiles de ese cuerpo de seguridad o la obtención de justicia ante víctimas de posibles excesos del uso de la fuerza. Si bien la altura del desafío es grande (combatir a un crimen organizado que se ha apoderado de grandes territorios de todo el país) esta nueva configuración de la guardia nacional y la vigencia de la prisión preventiva oficiosa levantan más de una ceja de suspicacia entre la población de México. Desde esta columna esperemos (y deseamos) que la siguiente etapa de la estrategia de seguridad del país se caracterice no por la ocurrencia de arbitrariedades sino por la mejora en las condiciones de seguridad de toda la población.
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