

La Universidad Autónoma de Coahuila adquirió tres camionetas Dodge Journey 2024 por adjudicación directa, a través de una financiera vinculada a otros contratos previos; el precio por unidad fue superior al de agencia
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) vuelve a estar en el centro del escrutinio público tras revelarse que gastó 1 millón 841 mil 241 pesos en la compra de tres camionetas Dodge Journey SXT 2024 para la Tesorería General. Lo polémico no es solo el monto, sino cómo y con quién se hizo la adquisición. Por adjudicación directa y a través de la financiera Onze Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., cuya representante legal también ha sido contratada previamente por la universidad para otros servicios, como uniformes deportivos.
Cada unidad costó en promedio más de 613 mil pesos, cuando en agencias especializadas este modelo puede adquirirse por alrededor de 500 mil pesos. Es decir, el gasto por vehículo fue aproximadamente 100 mil pesos mayor al precio de mercado. Un sobrecosto difícil de justificar cuando se trata de recursos públicos.

¿Amiguísimos o dinero a su favor…?
El contrato fue firmado por el tesorero de la UAdeC, Evaristo Alférez Rodríguez, el 6 de julio de 2024. Onze Servicios Financieros se comprometió a un «crédito a seis meses que se ajusta a las necesidades», según se estipula en el documento. Pero lo que realmente genera suspicacia es la persona que representa legalmente a esta financiera, Silvia Lorena Maltos Rodríguez, también figura como representante de la empresa Servicios Administrativos Blenden, S.A. de C.V. Contratada el 9 de mayo del mismo año para surtir uniformes deportivos a la universidad por un monto de 359 mil 310 pesos.
Lo que en apariencia podrían ser simples relaciones comerciales, se ensombrece cuando se observan los patrones: misma persona jurídica, contratos múltiples, y adjudicaciones directas sin competencia abierta.
En lugar de comprar vehículos en agencias autorizadas —con garantías claras y precios competitivos—, la universidad optó por un proveedor financiero con vínculos previos. El procedimiento es legal, pero la opacidad y el posible encarecimiento generan un legítimo cuestionamiento: ¿por qué pagar más por menos transparencia?
Todo esto ocurre en un contexto donde universidades públicas enfrentan presiones presupuestales y se exige un uso más eficiente y transparente de los recursos. Mientras estudiantes denuncian falta de inversión en infraestructura, docentes reclaman mejores condiciones y la sociedad exige austeridad, el gasto en vehículos de lujo y contratos repetitivos alimenta la percepción de que las prioridades están desalineadas con las necesidades reales de la comunidad universitaria.
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