
La Sala Colegiada Familiar del Poder Judicial del Estado ratificó por unanimidad que el derecho de habitación del menor y el trabajo de crianza de la madre prevalecen sobre los derechos de propiedad privada

Durante el desarrollo de la Décima Sesión Ordinaria de la Sala Colegiada Familiar, el magistrado ponente sometió a consideración del pleno un proyecto que sienta un precedente crucial en materia de derecho de familia en la entidad. El tribunal resolvió calificar como infundados e inoperantes los agravios formulados por un padre que apeló la sentencia de primera instancia, la cual decretó el depósito definitivo del inmueble donde reside su hijo menor de edad en compañía de su madre, obligándolo a ceder dicha propiedad hasta que cese formalmente su obligación alimentaria.
El demandante basaba su inconformidad en el argumento de que la vivienda en cuestión había quedado legalmente excluida de la sociedad conyugal tras el divorcio, debido a que la adquirió mediante una donación, lo que la convertía en su propiedad exclusiva. Sin embargo, los magistrados determinaron que la decisión de la jueza de primera instancia fue totalmente correcta y apegada a derecho, sustentada en el Interés Superior de la Infancia y en cumplimiento con la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Para salvaguardar la estabilidad emocional y material del menor de 17 años, se llevó a cabo una audiencia de escucha donde el adolescente expresó libremente su deseo de permanecer viviendo en dicho hogar junto a su madre y hermanos, evitando así que fuera desalojado de su entorno habitual.
Perspectiva de género: El cuidado doméstico equivale a dinero
Un aspecto innovador en la resolución del Poder Judicial de Coahuila fue el desestimamiento de la queja del padre, quien exigía que la carga económica para la manutención del hijo fuera equitativa y compartida en igualdad de condiciones financieras con su exesposa.
Al aplicar un análisis con perspectiva de género, la Sala Colegiada Familiar visibilizó y cuantificó el trabajo no remunerado que realiza la madre en el hogar:
- Doble jornada: Se constató que la demandada asume jornadas laborales externas combinadas con la crianza.
- Aporte legal: Las tareas diarias de cuidado, asistencia, atención, educación, orientación y alimentación ejercidas por la madre poseen un valor económico real.
- Equilibrio de obligaciones: El tribunal determinó que dichas labores equivalen legalmente a la aportación económica que le corresponde dar para los alimentos de su hijo.
Propiedad privada sujeta al derecho de habitación
La resolución judicial concluyó de manera contundente que el derecho a una vivienda digna y el desarrollo integral del adolescente están por encima de los intereses patrimoniales exclusivos del progenitor.
«Si en la especie únicamente el hoy recurrente es el único que cuenta con un inmueble con el que se pueden satisfacer las necesidades básicas o derecho de habitación de su hijo adolescente, entonces solo a él le corresponde cumplir con dicha obligación», sentenció el tribunal.
Con este fallo, el Poder Judicial del Estado reafirma los criterios jurídicos de vanguardia que protegen los derechos humanos de la niñez y reconoce el valor de la economía del cuidado, garantizando que el patrimonio familiar cumpla su función social prioritaria: dar techo y seguridad a los hijos.
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