El diputado priista y exgobernador de Coahuila dio un discurso en contra del gobierno de México, criticando el modelo de seguridad nacional
Durante la sesión del día de hoy en la cámara de diputados, diferentes políticos del PAN y PRI mencionaron el tema de la seguridad en México, luego del asesinato de Carlos Manzo, y uno de los más críticos fue Rubén Moreira.
En el momento en el que le tocó hablar a los diputados priistas, Rubén Moreira, subió y respaldado por demás personajes del PRI, mencionó que los criminales se están quedando con la patria y pidió al gobierno no cargar con la herencia de sexenios pasados.
“La patria es primero, pero la patria se cae a pedazos, los criminales se están quedando con ella y si no ven ustedes, Tierra Caliente, en tres estados manda el crimen organizado, cambiemos el futuro”, mencionó el legislador coahuilense.
Uno de los más críticos fue Rubén Moreira, pero también otros diputados, e incluso senadores como Lilly Téllez criticaron el accionar del gobierno ante la situación de seguridad.
¿Con qué cara Moreira puede criticar la seguridad?
Un legislador de oposición tiene todo el derecho de criticar lo que se está haciendo mal desde el gobierno federal, sin embargo, en el caso de Rubén Moreira, tiene una cola casi inmensa que le cuelga, pues durante su gobierno en Coahuila, hubo un tema que silenció y sigue sin resolverse.
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En marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, un comando del cártel Los Zetas perpetró una masacre entre el 18 y el 20 de marzo que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y destrucción de viviendas en represalia por una traición al cártel.
Durante ese periodo, el entonces gobernador interino Jorge Torres López fue señalado por omisión al inicio del sexenio, pues autoridades locales reportan que no actuó mientras se consumaba la violencia.
Al asumir el cargo poco después, el gobernador Rubén Moreira prometió atender el caso y coordinar con víctimas, pero su gestión es criticada por falta de resultados concretos.
La investigación oficial sigue sumida en impunidad, aunque se han documentado detenciones de expolicías y peones del narco, no se ha sancionado de manera integral a autoridades de alto nivel, ni se ha precisado un número confiable de víctimas (las estimaciones varían desde 28 hasta 300 muertes).
La masacre de Allende sigue sin resolverse plenamente, pues la justicia solo ha abordado en parte el suceso, quedando pendientes la identificación de muchas víctimas y la rendición de cuentas de autoridades estatales.
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