La diputada local presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, imponiendo sanciones severas a las empresas que utilicen vehículos improvisados
El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reforma impulsada por la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC). La propuesta busca modificar de fondo la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para prohibir de manera expresa el traslado de personal en cajas, plataformas, redilas o bateas de camionetas y camiones de carga.
El objetivo central de la reforma es incorporar formalmente el principio de seguridad de las personas trabajadoras durante sus traslados, elevando la movilidad laboral al rango de política pública. Con esto, se busca garantizar que los trayectos hacia los centros de trabajo protejan la vida, la integridad física y la dignidad de los empleados, erradicando una práctica peligrosa que suele normalizarse en diversos sectores productivos.
Prohibición estricta al transporte improvisado
La iniciativa establece reglas claras para el ordenamiento vial e industrial del estado, diferenciando de manera tajante el traslado de mercancías del de seres humanos:
- Unidades exclusivas: El transporte especializado de personal deberá realizarse únicamente en unidades diseñadas, equipadas y autorizadas de origen para el traslado de pasajeros.
- Restricción al transporte de carga: Se estipula que ningún vehículo destinado a mover materiales, herramientas o mercancías podrá ser utilizado como transporte improvisado de personal.
- Foco en el riesgo: La legisladora argumentó que la mayoría de los accidentes fatales en trayectos laborales ocurren precisamente cuando se habilitan áreas de carga para transportar personas sin cinturones de seguridad ni protección contra la intemperie o volcaduras.
Corresponsabilidad: Sanciones para operadores y patrones
Un aspecto innovador de la reforma radicada en el Congreso del Estado es el esquema de sanciones. La iniciativa contempla infracciones específicas que no se limitan a castigar al chofer de la unidad, sino que distribuyen la responsabilidad legal de manera justa:
- Sanción al conductor: Por realizar materialmente el traslado en zonas de peligro (cajas o redilas).
- Sanción a la empresa o concesionario: Para quienes ordenen, permitan o toleren estas prácticas desde la titularidad de una concesión, permiso o contrato.
“Con ello se evita cargar la responsabilidad únicamente al operador. Se reconoce que estas prácticas responden a decisiones de organización, contratación o ahorro de costos que jamás deben ponerse por encima de la vida de las personas”, enfatizó Zulmma Guerrero.
Coordinación con sectores productivos
Finalmente, la propuesta aclara que el espíritu de la ley no es punitivo contra el trabajador, sino regulatorio para el empleador. La reforma abre la puerta para que las autoridades de movilidad coordinen mesas de trabajo con municipios, contratistas, cámaras de la construcción (como la CMIC) y empresas de todos los ramos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la iniciativa blinda el derecho a la vida, a la salud y a un entorno de trabajo digno y seguro para toda la fuerza laboral de Coahuila.
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