Poder Judicial, IEC y Tribunal Electoral acuerdan frenar candidaturas de personas violentas.
El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila y el Tribunal Electoral de Coahuila para garantizar que las personas que aspiren a cargos de elección popular no hayan incurrido en actos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Esta acción busca fortalecer los procesos democráticos mediante la implementación de criterios que prioricen la integridad y el respeto a los derechos humanos.
Protección de derechos fundamentales
Garantizar que quienes busquen un cargo público no tengan antecedentes de violencia es clave, ya que estas conductas están directamente relacionadas con la violación de derechos humanos básicos.
Permitir que una persona con historial de agresiones acceda al poder enviaría un mensaje de tolerancia, cuando el Estado tiene la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas.
Coherencia ética en el ejercicio del poder
Quienes ocupan cargos públicos deben actuar como ejemplo para la sociedad. Una persona que ha ejercido violencia difícilmente puede garantizar decisiones justas o promover políticas de protección.
Por ello, la integridad personal se posiciona como un requisito indispensable para ejercer funciones públicas con responsabilidad y compromiso social.
Prevención de la violencia institucional
El convenio también busca evitar que personas con antecedentes de violencia reproduzcan estas conductas desde el poder.
De no existir estos filtros, podrían generarse casos de:
- Abuso de autoridad
- Discriminación
- Decisiones que afecten a grupos vulnerables
Esto podría derivar en formas de violencia institucional, afectando directamente a la ciudadanía.
Confianza ciudadana y legitimidad democrática
La ciudadanía demanda representantes éticos y responsables. Permitir candidaturas de personas con historial de violencia debilita la confianza en las instituciones y en los procesos electorales.
En contraste, establecer mecanismos de control fortalece la legitimidad del sistema democrático y refuerza la credibilidad de las autoridades.
En síntesis, impedir que agresores accedan al poder no solo es una medida legal, sino una acción necesaria para construir una sociedad más justa, segura y respetuosa.
¿Consideras que este tipo de filtros deberían aplicarse en todo el país para aspirantes a cargos públicos?
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