La propuesta busca proteger la economía familiar en la temporada de regreso a clases y frenar el condicionamiento en la compra de útiles, uniformes y materiales.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Felipe Eduardo González Miranda, mediante la cual se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a reforzar las acciones de vigilancia y protección al consumidor frente a posibles prácticas comerciales abusivas por parte de escuelas privadas.
Asimismo, el acuerdo contempla un llamado a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para que investigue y sancione eventuales conductas anticompetitivas en la venta de insumos escolares.
El legislador advirtió que el gasto por alumno en esta temporada puede alcanzar hasta los 10 mil pesos, según estimaciones de la Profeco y la Condusef, monto destinado a inscripciones, útiles, libros, uniformes y calzado.
“Resulta una práctica recurrente y ampliamente documentada que diversas instituciones educativas particulares condicionan la inscripción o la prestación del servicio educativo a la adquisición de uniformes, útiles, libros de texto o materiales escolares exclusivamente con determinados proveedores previamente designados por la propia escuela, restringiendo así la libertad de las madres, padres y tutores para elegir dónde adquirir dichos bienes y, en muchos casos, obligándolos a pagar precios superiores a los del mercado”, señaló el diputado Felipe González Miranda.
Derechos del consumidor y libre competencia
González Miranda fundamentó su propuesta citando la Guía de Regreso a Clases 2026 de la Profeco, la cual establece con claridad que ningún colegio particular tiene la facultad de obligar a los padres de familia a adquirir materiales o uniformes con proveedores exclusivos o dentro del mismo plantel.
El legislador aclaró que la medida no pretende vulnerar la oferta educativa privada, sino asegurar el cumplimiento del marco legal, garantizando la libre elección de los tutores y protegiendo el ingreso de las familias coahuilenses.
Con la aprobación de este punto de acuerdo, el Congreso local reafirma su compromiso de vigilar los derechos del consumidor y promover condiciones comerciales justas que resguarden la estabilidad económica en Coahuila.
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