La diputada local calificó como «equivocada» la decisión de la SEP respaldada por la SCJN, advirtiendo que fomenta el rezago educativo y debiliva la labor de los docentes
Este martes, la diputada local Magaly Hernández subió a la tribuna del Congreso del Estado para manifestar su rotundo rechazo a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pasado 7 de mayo, el máximo tribunal del país respaldó un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que elimina la obligatoriedad de cumplir con el 80% de asistencia para que un alumno de educación básica pueda acreditar el año escolar.
La SCJN argumentó que la asistencia por sí sola no garantiza una educación de excelencia y que las faltas suelen deberse a factores económicos o sociales. Sin embargo, desde la perspectiva de la legisladora coahuilense —quien posee experiencia en el sector educativo—, esta medida ignora la realidad de las aulas y desestima el esfuerzo diario de los docentes, enviando un mensaje equivocado a los padres de familia sobre la importancia de la disciplina escolar.
El ausentismo crónico: Una amenaza real
Para dimensionar la gravedad de la situación, la diputada Hernández expuso cifras alarmantes de la propia SEP a nivel nacional y estatal:
- Ausentismo Crónico: Hasta 3 de cada 10 estudiantes de educación básica faltan al menos al 10% de las clases durante el ciclo escolar.
- Caso Coahuila: Existen planteles que registran ausencias de hasta la mitad del alumnado, principalmente de manera previa a los puentes vacacionales o durante temporadas de climas extremos.
La legisladora cuestionó la viabilidad de evaluar a un menor bajo estas condiciones: “Cuando un alumno no va durante un mes o casi dos bimestres y casualmente llega cuando sabe que será evaluado, como maestro, ¿qué calificación le pondrías al niño?”, sentenció, argumentando que la continuidad es vital para el aprendizaje.
Exigen intervención de PRONNIF y Fiscalía en casos graves
Ante este nuevo panorama legal, Magaly Hernández exigió que el Congreso del Estado presione para la creación de protocolos estrictos que eviten que la eliminación de este requisito se convierta en una ventana a la negligencia familiar. Propuso que las inasistencias recurrentes no se queden solo en un registro escolar, sino que detonen acciones legales cuando se detecte omisión de cuidados:
- Activación de Trabajo Social: Mantener las visitas domiciliarias actuales para investigar las ausencias prolongadas.
- Canalización a PRONNIF: Dar vista inmediata a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en situaciones de riesgo o reincidencia grave.
- Denuncia Penal: Si las faltas configuran un delito de abandono o maltrato, dar vista a la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez.
La diputada concluyó señalando que, tras la pandemia, el esquema de «no reprobación» ha causado un rezago profundo, por lo que se pronunció a favor de que los alumnos que no cumplan con los aprendizajes esperados ni asistan a clases repitan el año, priorizando la calidad educativa sobre las estadísticas.
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