La iniciativa propone crear un nuevo delito para sancionar daños a infraestructura hídrica y servicios esenciales.
El Congreso del Estado de Coahuila analiza una iniciativa de reforma al Código Penal estatal que busca tipificar como delito autónomo el sabotaje a la infraestructura hídrica y de servicios públicos esenciales, con el objetivo de combatir los daños, pérdidas económicas y afectaciones a la población provocadas por actos de vandalismo y robo de componentes.
La propuesta fue presentada este 5 de junio de 2026 por la diputada Olivia Martínez Leyva, luego de ser elaborada en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal. El proyecto plantea la adición del artículo 474 Bis al Código Penal de Coahuila para que estas conductas sean perseguidas de oficio, sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de particulares.
De aprobarse, se castigaría a quienes dañen, destruyan, inutilicen, sustraigan, alteren o interfieran en sistemas que suministran servicios indispensables para la población.
Buscan endurecer las sanciones por actos de vandalismo
Actualmente, las autoridades investigan este tipo de hechos como daño en propiedad ajena, delito cuyas sanciones consideran insuficientes frente al impacto colectivo que generan las interrupciones de servicios básicos.
La iniciativa propone aplicar un aumento de una tercera parte sobre la pena prevista para el delito de sabotaje general, que actualmente contempla castigos de entre cinco y quince años de prisión.
Con esta modificación, quienes atenten contra la infraestructura protegida podrían enfrentar penas que irían de 6 años y 8 meses hasta 20 años de prisión.
Agravantes elevarían las penas hasta 30 años de cárcel
El proyecto contempla además un esquema de sanciones más severas cuando el sabotaje provoque consecuencias de mayor gravedad.
Las penas podrían aumentar de 10 a 30 años de prisión cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:
- Interrupción de servicios en hospitales, escuelas, albergues o comunidades vulnerables.
- Generación de riesgos sanitarios o contaminación del agua.
- Suspensión del servicio por más de 24 horas continuas.
- Afectación simultánea de dos o más servicios esenciales, como agua potable y energía eléctrica.
- Participación de personas con acceso autorizado a las instalaciones, aprovechando su posición para cometer el delito.
Definen qué infraestructura estará protegida
La iniciativa establece de manera específica qué instalaciones y sistemas quedarían protegidos por esta nueva figura penal.
Entre ellos se encuentran pozos de extracción, bombas hidráulicas, tuberías de distribución, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, válvulas reguladoras, medidores, cárcamos de bombeo y acueductos.
Asimismo, la protección abarcaría cualquier sistema físico o digital utilizado para operar, monitorear o administrar servicios de agua potable, saneamiento, energía eléctrica o recolección de residuos.
Buscan garantizar la continuidad de servicios vitales
Con esta propuesta, los legisladores buscan fortalecer la protección de la infraestructura estratégica del estado y reducir los daños ocasionados por actos de vandalismo que afectan directamente a miles de ciudadanos.
¿Consideras que las penas de hasta 30 años de prisión son adecuadas para quienes dañan infraestructura que afecta servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica? Comparte tu opinión en los comentarios.
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