¿Por qué la Constitución Mexicana dejó de hablarle al pueblo?
Cada 5 de febrero, las luces del Teatro de la República en Querétaro se encienden para recordar aquel domingo de 1917 donde, entre nubes de tabaco y el eco de las botas revolucionarias, se promulgó la ley más avanzada de su tiempo. Sin embargo, tras las puertas de ese recinto histórico, se esconde una paradoja que crece año con año: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nacida para liberar y proteger al ciudadano, se ha convertido en un artefacto lingüístico tan denso y barroco que hoy requiere de intérpretes especializados para ser comprendido.
Lo que comenzó como un manifiesto de ideales sociales ha mutado en un palimpsesto normativo de más de 70,000 palabras, un laberinto de tinta donde el ciudadano común suele perderse antes de encontrar sus derechos.
El ECO DE QUERÉTARO: CUANDO LA BREVEDAD ERA REVOLUCIONARIA
Para entender la magnitud de la metamorfosis, es necesario viajar al origen. La Constitución de 1917 no fue un capricho terminológico; fue la síntesis de un siglo de sangre y tinta. Se cimentó sobre las cenizas del Acta Federativa de 1824 y el espíritu liberal de 1857, pero con una ambición inédita: fue la primera en el mundo en elevar los derechos sociales —la tierra, el trabajo, la educación— a rango supremo.
En aquel entonces, el documento era una pieza de ingeniería política elegante y, dentro de lo que cabe, sucinta. Con apenas 21,000 palabras, los constituyentes lograron articular un modelo de Estado que equilibraba las garantías individuales con las demandas agrarias y laborales. Era un texto que podía leerse en voz alta en las plazas públicas y ser entendido por el obrero y el campesino que habían empuñado el fusil. No obstante, ese equilibrio se rompió bajo el peso de un siglo de «hiperreformismo».
Desde su nacimiento hasta febrero de 2024, nuestra Carta Magna ha sido intervenida por 256 decretos de reforma, resultando en 770 modificaciones. Este dinamismo no ha sido gratuito. Si en 1917 la Constitución era un mapa claro, hoy es una enciclopedia detallista. Ha crecido un 300% en extensión, posicionándose como la segunda más larga del mundo, solo superada por la de la India. Este crecimiento no solo es cuantitativo; es una señal de una patología política: la desconfianza. Ante la incapacidad de confiar en las leyes secundarias, los actores políticos han optado por «incrustar» detalles técnicos —desde frecuencias de radio hasta reglas presupuestales— directamente en el texto sagrado, oscureciendo las decisiones fundamentales del pacto social.
EL BARROQUISMO JURÍDICO: UNA GUARIDA PARA LA OPACIDAD
¿Por qué escriben así los abogados? La pregunta no es trivial. En México, el lenguaje legal ha desarrollado una forma de «barroquismo» caracterizado por una redacción oscura, redundante y preñada de arcaísmos. Esta estética de la confusión no es accidental; a menudo se enseña en las facultades de derecho que la calidad de un jurista se mide por su capacidad de utilizar un vocabulario rimbombante. Existe la creencia perversa de que «entre menos se entienda, más profundo es el pensamiento».
Sin embargo, desde una perspectiva periodística y democrática, esta opacidad es una barrera sistémica. Funciona como una «guarida para la corrupción»: la ambigüedad permite interpretaciones arbitrarias, verdaderas «piruetas jurídicas» que ocultan injusticias bajo una neblina de palabras. Cuando una sentencia o un artículo constitucional es ininteligible, el ciudadano queda desarmado. Se impone así una barrera económica, pues la justicia se vuelve un lujo que solo pueden costear quienes pueden pagar a un intermediario para traducir el «español de los abogados» al español de la gente.
Esta situación alcanza niveles ofensivos cuando afecta a sectores vulnerables. Para una persona de una comunidad indígena, la justicia en México presenta una doble muralla. Primero, la barrera lingüística entre su lengua materna y el español; segundo, la brecha entre el español estándar y el «dialecto jurídico» plagado de latinismos como ab initio o ex post facto. Es una desconexión cultural que erosiona la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho.
LA REBELIÓN DEL LENGUAJE CLARO: UN DERECHO HUMANO EMERGENTE
Frente a este diagnóstico de ininteligibilidad, ha surgido en Iberoamérica un movimiento que es, ante todo, un imperativo ético: el Lenguaje Claro. En México, instituciones como el INAI y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han comenzado a proponer que el acceso a un lenguaje comprensible sea reconocido como un derecho humano fundamental. La lógica es irrebatible: la claridad comunicativa es el presupuesto necesario para ejercer cualquier otro derecho. Si no entiendo mis obligaciones fiscales o el alcance de un contrato, mi autonomía está comprometida.
Es vital distinguir aquí entre dos conceptos que a menudo se confunden:
- Lenguaje Jurídico Accesible: Es el diseño universal aplicado a las leyes. Busca que cualquier ciudadano pueda entender las normas generales sin necesidad de ser un experto.
- Lectura Fácil: Es una herramienta específica para documentos individualizados. Se utiliza, por ejemplo, en sentencias dirigidas a niños, niñas o personas con discapacidad intelectual, empleando recursos visuales y estructuras simplificadas para asegurar que el destinatario directo comprenda cómo la ley afectará su vida.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: LOS NUEVOS MANUALES DE LA JUSTICIA
El camino hacia la accesibilidad en México ya no es solo retórica. En 2023, se actualizaron los manuales para servidores públicos, promoviendo estructuras gramaticales sencillas: evitar el orden invertido de las oraciones, privilegiar la voz activa sobre la pasiva y desterrar el uso excesivo de gerundios y adverbios terminados en «-mente» que suelen recargar los textos.
El liderazgo de la SCJN ha sido clave, implementando protocolos que obligan a los juzgadores a emitir resoluciones con perspectiva de género, discapacidad o etnia. Un ejemplo notable de vanguardia se encuentra a nivel local en Coahuila. En 2025, el Poder Judicial del Estado implementó un protocolo que prohíbe términos estigmatizadores, sustituyendo palabras como «minusválido» o «invidente» por términos precisos y dignos como «persona con discapacidad física» o «persona con baja visión». Es un reconocimiento de que las palabras no solo describen la realidad, sino que la construyen.
¿LIMPIAR LA CONSTITUCIÓN O ESCRIBIR UNA NUEVA?
Ante el desorden acumulado en la Carta Magna, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha puesto sobre la mesa una propuesta audaz: la Reordenación y Consolidación del texto. No se trata necesariamente de redactar una nueva Constitución —lo cual suele implicar crisis políticas— sino de realizar una «limpieza técnica».
La metodología de la UNAM propone separar el «trigo de la paja«: mantener en la Constitución los principios fundamentales y trasladar los detalles técnicos y reglamentarios a una Ley de Desarrollo Constitucional. Esta depuración permitiría que el texto vuelva a tener coherencia sistemática. Imaginen una Constitución que pueda ser leída y comprendida por un estudiante de secundaria; una ley suprema que recupere su función pedagógica y deje de ser un objeto de estudio exclusivo para eruditos.
LECCIONES DE IBEROAMÉRICA: EL FUTURO ES CLARO
México no está solo en esta batalla. Chile ha integrado el lenguaje claro en su Plan Estratégico del Senado, mientras que Argentina ha emitido resoluciones históricas para que las sentencias sean comunicativamente eficientes. En España, desde 2002, se estableció que la justicia que no se entiende no es tutela judicial efectiva. Los estudios demuestran que cuando la ley es clara, aumenta la confianza ciudadana y se reduce la litigiosidad. El ciudadano que entiende la norma tiende a cumplirla con mayor disposición.
REFLEXIONES PARA UN NUEVO ANIVERSARIO
Al conmemorar un año más de la gesta de 1917, debemos reconocer que la salud de nuestra democracia depende de la salud de nuestro lenguaje. La Constitución no debe ser un libro de arena, inabarcable y esquivo. La claridad en el derecho es, como dicen algunos teóricos, la cortesía del legislador hacia el ciudadano.
El futuro de la Constitución de 1917, para seguir vigente otros cien años, no reside en la fuerza de sus artículos impresos, sino en la capacidad de cada mexicano de sentirla propia. Una justicia que no se entiende es una justicia distante, fría y, en última instancia, inexistente para el pueblo. El desafío actual es transformar ese laberinto de letras sagradas en una casa de cristal, donde la ley sea, por fin, clara para todos. Porque para ser verdaderamente libres, debemos ser, ante todo, capaces de comprender las reglas de nuestra libertad.
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