La madrugada del 3 de enero de 2026, el cielo sobre Caracas no rugió con los truenos de una tormenta tropical, sino con el zumbido metálico y preciso de los drones de última generación. Mientras la mayoría de los venezolanos intentaba descifrar un futuro incierto tras un nuevo año de carestías, la Operación Resolución Absoluta se ponía en marcha. Fue un golpe de bisturí en el corazón de un régimen que durante casi tres décadas desafió todas las leyes de la gravedad política y económica.
Las imágenes que dieron la vuelta al mundo —el asalto al Fuerte Tiuna y la extracción de Nicolás Maduro hacia el buque USS Iwo Jima— no fueron solo el desenlace de una operación militar estadounidense; fueron el epílogo violento de un proyecto que nació bajo la promesa de redimir a los desposeídos y terminó como un «narco-estado» asfixiado por su propia sombra.
Para comprender la magnitud de este evento, es insuficiente limitarse a la crónica militar de esas horas. Es necesario diseccionar el cuerpo político de Venezuela, retrocediendo a las heridas no cicatrizadas de 1989, entendiendo la metástasis institucional bajo el chavismo y analizando el aislamiento agónico de un régimen que, para 2025, había perdido incluso la capacidad de ser el benefactor energético de sus aliados ideológicos.
EL GEN DE LA FURIA: 1989 Y LA FRACTURA DEL PACTO
El 2026 se gestó en los escombros de 1989. Venezuela vivía entonces bajo el espejismo de la «Gran Venezuela«, una ilusión de opulencia petrolera que se estrelló contra la realidad de una quiebra técnica. Carlos Andrés Pérez (CAP), el hombre que había presidido la bonanza de los años 70, regresó al poder con una promesa implícita de retorno a la abundancia. Pero el país que recibió era otro.
Cuando CAP intentó implementar el «Gran Viraje» —un paquete de ajuste macroeconómico bajo la tutela del FMI—, ignoró la fragilidad del tejido social. El 27 de febrero de 1989, el aumento en el precio de la gasolina detonó el Caracazo. La respuesta del Estado fue la suspensión de garantías y una represión militar indiscriminada. El Ejército, entrenado para la guerra convencional, fue lanzado a las calles a contener a la población civil. Este evento fracturó el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la democracia civil, sembrando el resentimiento en los mandos medios que se vieron obligados a disparar contra su propio pueblo.
LA INSURGENCIA MILITAR: EL CÁNCER DE LOS 90
Ese resentimiento cristalizó tres años después en dos actos de violencia que marcarían el resto del siglo. El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez Frías lideró un intento de golpe de Estado que, aunque fracasó militarmente, triunfó mediáticamente. Su asunción de responsabilidad «por ahora» conectó con una población hastiada de la corrupción.
Pero hubo un segundo acto, más sangriento y a menudo olvidado por la historiografía rápida: el 27 de noviembre de 1992. Protagonizado por la Fuerza Aérea y unidades blindadas, este golpe mostró una fractura institucional profunda. Caracas presenció combates aéreos sobre sus edificios; Miraflores fue bombardeado. Fue una guerra civil en miniatura que deslegitimó definitivamente el sistema de partidos. La incapacidad de la democracia para procesar estas demandas, sumada a la crisis bancaria de 1994, pavimentó el camino para que la antipolítica llegara al poder por la vía electoral en 1998.
LA METAMORFOSIS: LA REFUNDACIÓN Y EL CONTROL TOTAL
Hugo Chávez no solo ganó la presidencia; desmanteló la República existente para construir la «Quinta República«. A través de la Constitución de 1999, concentró el poder, extendió el mandato presidencial y, crucialmente, politizó las Fuerzas Armadas, borrando la frontera entre el partido y el cuartel.
La bonanza petrolera de la década de 2000, la más larga y cuantiosa de la historia, permitió financiar un vasto sistema de programas sociales conocidos como «Misiones». Si bien redujeron la pobreza coyunturalmente, crearon una dependencia absoluta del Estado. Venezuela dejó de ser un país de ciudadanos para convertirse en un país de clientes políticos.
EL CONTROL DE PDVSA Y LA SEMILLA DE LA RUINA
El punto de no retorno ocurrió entre 2002 y 2003. Tras un paro petrolero que buscaba presionar la salida de Chávez, el mandatario tomó una decisión que sellaría el destino económico del país dos décadas después: despidió a más de 20,000 trabajadores calificados de PDVSA mediante un silbato en cadena nacional.
Los reemplazó con leales políticos. La industria petrolera dejó de ser una empresa energética para convertirse en el brazo financiero del partido y de la diplomacia regional (Petrocaribe). Mientras el barril rozaba los 100 dólares, el desastre era invisible; cuando el precio cayó bajo el gobierno de su sucesor, la estructura se reveló como un cascarón vacío e ineficiente.
LA ERA MADURO: LA ANATOMÍA DEL COLAPSO
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el poder sin el carisma de su mentor y con una economía en caída libre. Sin ahorros y con el crédito internacional cerrado, Maduro optó por la emisión monetaria desenfrenada, provocando la hiperinflación más larga de la historia moderna.
La situación se degradó a niveles de catástrofe humanitaria. El salario mínimo se redujo a menos de 5 dólares mensuales, el sistema de salud colapsó y la respuesta cultural fue una migración masiva: más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país, rompiendo el tejido familiar y dejando a la nación sin su bono demográfico.
REPRESIÓN Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Ante la pérdida de apoyo popular, el régimen sustituyó los votos por las balas. Las protestas de 2014 y 2017 fueron aplastadas violentamente. Informes de la ONU y la Corte Penal Internacional documentaron el uso sistemático de torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos como el SEBIN y las FAES. Para 2024, la represión se había sofisticado mediante leyes de «odio» que criminalizaban cualquier disidencia.
EL FRAUDE DE 2024: EL PUNTO DE NO RETORNO
La crisis de legitimidad alcanzó su clímax el 28 de julio de 2024. Tras los Acuerdos de Barbados, la oposición se unificó en torno a Edmundo González Urrutia, ante la inhabilitación inconstitucional de María Corina Machado. A pesar del ventajismo estatal, la ciudadanía votó masivamente. La oposición logró recolectar más del 80% de las actas, demostrando una victoria de González con el 67% de los votos.
Sin embargo, el CNE proclamó a Maduro ganador con un 51.2% sin presentar pruebas. Este fraude burdo, condenado por gran parte de la comunidad internacional, cerró definitivamente la vía electoral. Las protestas posteriores fueron reprimidas con la «Operación Tun Tun», resultando en más de 2,000 detenidos. María Corina Machado, ya como líder moral de la nación y futura Premio Nobel de la Paz, pasó a la clandestinidad, manteniendo una presión internacional asfixiante.
EL AISLAMIENTO Y LA GEOPOLÍTICA DEL PETRÓLEO
Para 2025, el aislamiento de Maduro no era solo diplomático, sino estratégico. El dato más revelador del fin del régimen no vino de Washington, sino de Ciudad de México. Históricamente, Venezuela garantizaba la lealtad de Cuba mediante el envío de petróleo subsidiado. Sin embargo, para 2025, la producción de PDVSA era tan raquítica que no podía cumplir con sus compromisos políticos.
México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, desplazó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba. Pemex suministraba ya más del 44% de las importaciones de la isla, mientras que PDVSA caía a un 34%. Este desplazamiento tuvo una consecuencia fatal: la lealtad de los servicios de inteligencia cubanos —fundamentales para la protección del régimen— se volvió transaccional. La dictadura venezolana dejó de ser un activo estratégico para convertirse en un pasivo tóxico, incluso para la izquierda regional.
EL CONTEXTO DE VIOLENCIA REGIONAL
La intervención no ocurrió en un vacío. Mientras Estados Unidos enfocaba sus miras en Caracas, México vivía su propia crisis de seguridad en 2025, con un policía asesinado cada día y niveles críticos de violencia criminal.
Esta situación reforzó la narrativa de la administración Trump sobre la necesidad de combatir a los «cárteles» con fuerza militar, borrando la línea entre el crimen organizado y Estados fallidos. La designación de Venezuela como un «narco-estado» permitió a EE. UU. aplicar la lógica de guerra contra el terrorismo.
OPERACIÓN RESOLUCIÓN ABSOLUTA: EL DESENLACE
En diciembre de 2025, Washington emitió un ultimátum claro a Maduro: abandonar el poder y exiliarse, o enfrentar la justicia por los cargos de narcoterrorismo presentados en 2020. La soberbia del dictador lo llevó a rechazar la oferta, confiado en un aparato militar que creía leal.
La madrugada del 3 de enero de 2026, la «Operación Resolución Absoluta» (parte de la campaña «Lanza del Sur») se puso en marcha. Fue una operación de decapitación quirúrgica ejecutada por el JSOC, involucrando a la Fuerza Delta y el 160.º Regimiento de Aviación (Night Stalkers).
- El ataque aéreo: Se bombardearon puntos estratégicos como la Base Aérea de La Carlota y el Fuerte Tiuna para cegar la respuesta venezolana.
- La incursión: Un contingente de 200 operadores especiales realizó el asalto terrestre y aéreo.
- La extracción: Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados al buque USS Iwo Jima.
Balance de la operación resolución absoluta
| Categoría | Detalle |
| Duración | 02:01 a.m. – 04:29 a.m. (HLV) |
| Fuerzas Ejecutoras | JSOC (EE. UU.), Delta Force, 160.º SOAR |
| Bajas Militares (Vzla/Cuba) | 24 militares venezolanos, 32 agentes cubanos |
| Bajas Civiles | 2 personas (daño colateral) |
| Bajas EE. UU. | 0 muertos, 7 heridos |
| Estatus de Maduro | Detenido, traslado a Corte Federal en NY |
EL VACÍO DEL PODER
La captura no derivó en una restauración automática de la democracia. El TSJ, en una maniobra de supervivencia, declaró la «falta temporal» del presidente, permitiendo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como «Presidenta Encargada» el 5 de enero de 2026. Se creó así un escenario híbrido: un chavismo descabezado operando bajo la tutela militar de facto de Estados Unidos.
UN PAÍS EN LA INCERTIDUMBRE
La intervención de 2026 marca el fin de la era chavista, pero abre un capítulo de incertidumbre profunda. Venezuela no llegó a este punto por accidente, sino por la demolición sistemática de sus instituciones iniciada en los 90.
- El Fracaso del Modelo: El «Socialismo del Siglo XXI» derivó en una cleptocracia que expulsó a una cuarta parte de su población y destruyó su industria base hasta depender de México para sobrevivir energéticamente.
- La Geopolítica como Destino: La presencia de actores como Rusia, China y grupos irregulares (ELN, Tren de Aragua) transformó la crisis interna en un problema de seguridad hemisférica.
- El Desafío de la Reconstrucción: El gobierno de transición enfrenta el reto de estabilizar un país con infraestructuras destruidas y un tejido social desgarrado.
La historia de Venezuela es una advertencia brutal sobre cómo la polarización extrema y la erosión institucional pueden conducir a la pérdida de la soberanía misma. Mientras la región observa con cautela, Caracas despierta hoy bajo una paz armada, esperando que el fin de los ídolos sea, finalmente, el inicio de una nación.
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