La CNDH se pronuncia al respecto y celebra la decisión del Senado de la República y el Paquete Económico 2022: “es de suma importancia la inclusión de la perspectiva de género en la política fiscal”
La aprobación en lo general de la Ley Ingresos de la Federación 2022 en el Pleno del Senado de la República se eliminará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos para la higiene menstrual como: copa menstrual, toallas sanitarias y tampones. Con la legislación aprobada, ya no se cobraría el 16% a los productos y otra serie de artículos aptos para su uso durante la menstruación.
Para muchas mujeres esto se traduce en un gran avance para millones de mexicanas que tienen dificultades para adquirir productos indispensables para la salud y cuidado, pues tiene un impacto sumamente fuerte dentro de sectores de la población porque abarca a niñas y mujeres desde los 10 a los 49 años, aproximadamente.
Gracias a esta implementación que se ve implicada en el Paquete Económico 2022, si por ejemplo, un paquete de toallas sanitarias cuesta en este momento 35 pesos, ahora costaría alrededor de 35.
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Tras esta aprobación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció al respecto celebrando esta decisión, señalando que se está representando un avance lesgislativo histórico al reconocer plenamente los derechos humanos de las mujeres menstruantes.
“Transitar a la eliminación de dicho impuesto permite observar, por una parte, avances importantes en el enfoque diferencial y en derechos humanos que han adoptado las y los legisladores de nuestro país, puesto que, en una ponderación de derechos, es de suma importancia la inclusión de la perspectiva de género en la política fiscal, que de manera progresiva permita el acceso efectivo de las personas a su derecho a vivir su gestión menstrual en condiciones dignas”
La CNDH agregó que estas decisiones no pueden ser limitativas ni regresivas, pues se les debe dar un seguimiento puntual para lograr la generación de otras políticas públicas e incluso de reformas legislativas que en torno a esta eliminación, de manera definitiva y permanente, protejan y garanticen el reconocimiento pleno del derecho.
Por otro lado, también se constató que varios de los sistemas penitenciarios no contaban presupuesto específico para adquirir dichos enseres, por lo que, en la mayoría de los casos, las mujeres que necesitan comprarlos, terminan pagando costos excesivos al interior de los centros; son suministrados por sus familiares e incluso, no tienen acceso a ningún producto arriesgando su salud colocándose en el riesgo de infecciones por no contar con los medios económicos para acceder a ellos.
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