Un comité de regulación, un registro nacional de medios y encuestas de impacto y credibilidad, son algunas de las nuevas “libertades” propuestas en esta ley
El día de ayer, presentamos un reportaje sobre la iniciativa de Ley Nacional por la Libertad de Prensa, presentada por la senadora María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena.
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Hoy, te presentamos un breve análisis de lo que consideramos, algunos de los puntos más relevantes (y preocupantes) de este proyecto de Ley.
Exposición de Motivos
Durante las primeras líneas del documento, se habla del derecho a la libertad de expresión; de difundir ideas y conocimientos, y del acceso a la información pública (transparencia). Incluso, se abordan temas como las agresiones, intimidaciones y actos de violencia en general, en contra de los periodistas y medios de comunicación.
No obstante, casi al final de esta etapa de “motivación”, se puede apreciar uno de los puntos base de la nueva ley: la regulación de la publicidad oficial en los medios; un aspecto que, como veremos más adelante, serviría de “control” a los mismos.
Puntos clave de la iniciativa
1.- Registro Nacional de Medios de Comunicación y Periodistas.
De inicio, la Ley propone un “padron” nacional de los medios de comunicación. ¿Su finalidad? Ahora lo descubriremos.
El artículo 42 del proyecto de Ley indica que: “solamente los medios de comunicación y los periodistas inscritos podrán acceder a contratos de publicidad oficial, tendrán derecho a votar y ser votados para integrar el comité de autorregulación de la prensa y tendrán derecho a participar en las conferencias generales”, asienta.
El primer punto es claro: si un medio no está registrado, no puede obtener publicidad oficial, no puede ser elegido para integrar el Comité de Autorregulación de Prensa, ni tendrá derecho a acceder a conferencias de prensa gubernamentales.
En otras palabras: si no perteneces al grupo “elite” del periodismo, no tienes recompensas.
Pero, ¿Cómo acceder a este grupo? ¿Quién lo decidirá? De entrada se dice que será el Comité de Autorregulación de Prensa (del cual hablaremos más adelante); sin embargo, la cuestión principal viene a continuación en “letras pequeñas”.
El artículo 43 de esta ley establece que: “El comité compartirá la información y las actualizaciones del Registro Nacional de Medios de Comunicación con la Secretaría de Gobernación, para que dicha institución emita las respectivas acreditaciones”.
Sí, usted no leyó mal. La iniciativa de “libertad de prensa” propone que la SEGOB sea quien otorgue las acreditaciones de prensa a los medios; es decir, será el propio Gobierno el que decida que medio de información es “apto” para emitir información oficial.
Este es un hecho que no se puede pasar por alto en esta ley que asegura que “ningún gobierno podrá intervenir en la elección, conformación o en la toma de decisiones del Comité de Autorregulación“.
2.- El Comité de Autorregulación de Prensa
El proyecto de ley prevé la creación de un comité que sea el encargado de “autorregular” a los medios de comunicación.
Según se establece, este comité estaría integrado únicamente por periodistas, electos por votación; la cual estaría a cargo del INE, y se llevaría a cabo cada 4 años, el 3 de mayo.
Aunque en un inicio puede parecer una buena propuesta, muchas cosas quedan en el aire: ¿Cómo será el proceso de elección de los miembros del comité? ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para que un periodista pueda postularse para formar parte del comité?
Además, la ley dicta que, para la elección de estos representantes, se instalarán 32 mesas para la recepción de votos en las 31 capitales de los estados y una más en la capital del país. Aquí caben más preguntas que se quedan sin responder: ¿Quiénes tendrán la facultad de votar en estas elecciones? ¿Es abierto al público o solo para el gremio?
Por otra parte, si solo se instalarán mesas electorales en las capitales de los estados, ¿Esto no significaría un favoritismo a los medios ‘grandes’ en detrimento del derecho a ser votado, de los medios locales ‘pequeños’?
Estas son cuestiones primordiales que deberían ser atendidas, ya que, en términos simples, este comité tendrá el poder de decidir que medios pueden ser “aceptados” en el Registro Nacional de medios y periodistas; también, regularía con absoluta libertad los recursos de la publicidad gubernamental (a quien otorgarle algún contrato y a quien no).
Y si desde aquí empezamos con problemas de corrupción, o de asignación al cargo por dedazo, compadrazgo o mera conveniencia (como en otras instituciones “autónomas” de México), pues ya sabemos como terminará este asunto.
3.- Encuestas de impacto y alcance y de credibilidad de medios
Otra de las “grandes ideas” que trae consigo la propuesta es la relativa a las encuestas de impacto y alcance de los medios y de “credibilidad” de los medios; las cuales estarían a cargo del INEGI.
“El INEGI elaborará cada año la encuesta nacional de credibilidad de los medios de comunicación, donde medirá la calidad y la imparcialidad de todos los medios que cuenten cuando menos con un año de antigüedad en el registro nacional de medios de comunicación y periodistas”, expone el documento.
Bajo esta premisa, que propone la senadora por Morena, surgen más cuestiones:
En primer lugar, ¿La credibilidad de un periodista o medio se puede medir sólo por una encuesta, sin tomar en cuenta otros factores?
La segunda interrogante surge de nuevo en el tema de los medios de comunicación “grandes” frente a los medios locales “pequeños”. Si los resultados de estas encuestas, serán determinantes en la asignación de publicidad oficial, lo que implica el ingreso de recursos al medio, ¿usted a quien cree que se beneficiaría más?
Pues tal y como ya se ha expuesto, estos “criterios de selección”, se prestan a la corrupción y al tráfico de influencias, así como a la manipulación, por parte del gobierno, en contra o a favor de algún medio o periodista; pues no olvidemos que, en las últimas semanas, en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se han mostrado ataques directos contra medios o periodistas que no comparten “la postura presidencial”.
Con estos antecedentes de intervención y de influencia del gobierno en la “aceptación” o “rechazo” a un periodista, ¿no resulta demasiado obvio el sentido y el objetivo de estas encuestas?
4.- Oferta de espacios publicitarios
Como ya lo habíamos adelantado, un pilar de esta iniciativa tiene que ver con la regulación de los espacios publicitarios en los medios de comunicación.
Sobre este tema, el proyecto de decreto determina en el inciso D del artículo 15 que: “Los medios de comunicación podrán ofertar sus espacios publicitarios únicamente en los municipios o estados donde tengan impacto según la encuesta nacional de medios de comunicación, aquellos medios de comunicación que tengan impacto en más de 16 entidades de la república podrán acceder a contratos nacionales”.
De este punto podemos advertir dos cosas. La primera, la limitación que establece para los medios locales en crecimiento, ciñiéndolos a su circunscripción territorial, sin darles la posibilidad de trascender a nivel nacional.
En segundo término, esta medida puede convertirse también en un medio de control del contenido que se publica en los “grandes” medios informativos. ¿Cómo? Digamos que la Federación contrata los servicios publicitarios de “x” medio o periodista. Este, al verse limitado por dicho convenio, es posible que no toque diversos temas que pudieran afectar la imagen del gobierno que lo ha contratado, precisamente para mantener esta relación contractual y los beneficios económicos que conlleva.
Así se mantiene un control “sutil” sobre el contenido de los medios que tienen un “mayor alcance”; algo que no pasaría con los medios locales o “pequeños”, donde implica una mayor labor de “vigilancia” del sentido de sus publicaciones.
En resumen, si se condiciona el contenido de las publicaciones de los medios nacionales, ¿quién diría algo malo del gobierno en turno? Astuta jugada.
5.- Las conferencias de prensa en los tres niveles de gobierno
En un inicio, la obligatoriedad de que los tres niveles de gobierno ofrezcan conferencias de prensa, podría parecer que no afecta a los medios de comunicación; pues, así como lo plantea la ley, hasta llegaría a parecer que, como medio, deberíamos “dar gracias” por tal oportunidad.
El problema surge cuando la senadora de Morena, pretende limitar el trabajo periodístico en dichas conferencias. Pues en su iniciativa de ley establece que: “los representantes de los medios tendrán derecho a realizar hasta 30 rondas de preguntas”, lo cual se haría bajo diversas reglas como:
- Colocar una urna transparente donde los periodistas interesados en realizar preguntas ingresarán su nombre. (¿Acaso no quieren olvidar quién es el que hace las preguntas más “escabrosas”?)
- Inmediatamente después de realizada la pregunta, el servidor público le dará respuesta y al concluir, el periodista tendrá una oportunidad de repreguntar. Al concluir la respuesta a la repregunta, se dará paso a la pregunta del siguiente periodista elegido al azar. (Entonces, ¿se le da la oportunidad al funcionario de evadir dos veces la pregunta a sabiendas que no se insistirá más?)
- Si al concluir las 30 preguntas, el servidor público desea continuar respondiendo, este elegirá directamente a los periodistas a los que desea responderles. (Elección de preguntas a modo)
No queremos entrar en suposiciones, pero, ¿Acaso este punto tendrá algo que ver con las preguntas “incomodas” que se le han hecho al Presidente López Obrador durante las “mañaneras”?
En fin, estas son solo algunas de las propuestas que la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena incluye en este proyecto de la mal llamada “Ley de ‘Libertad’ de Prensa”.
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