PROYECTO DE LA SCJN RECHAZA CONSULTA SOBRE EX PRESIDENTES

La propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales prevé declarar inconstitucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes

El ministro Luis María Aguilar Morales, adelantó que la pregunta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para su consulta, no entra dentro de los requisitos que fija la Constitución para las consultas populares.

Aguilar Morales señala que “no está justificado porqué a algunas personas se le somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras al resto de las personas no se les da el mismo tratamiento”.


EL FUNDAMENTO

Protección a los derechos humanos

En este sentido, el ministro fundamenta su postura en el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, inciso 3, que advierte que no se podrán someter a consulta los temas relacionados con derechos humanos.

Aguilar argumenta que «no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución«; siendo uno de ellos la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público.

«(Los Derechos Humanos)… deben ser protegidos por todas las autoridades de este País, aún cuando esos derechos puedan ser políticamente incómodos o socialmente cuestionables y no pueden restringirse, ni siquiera si la mayoría de las personas que voten en una consulta popular lo estimaran así«, establece el proyecto.

El ministro puso como ejemplo una consulta al pueblo mexicano para preguntar si está de acuerdo o no con prohibir la esclavitud; la cual estaría prohibida ya que esas cuestiones no son consultables pues forman parte de los derechos fundamentales de los mexicanos.


La obligación de las autoridades de investigar y juzgar

Además de lo anterior, el pueblo mexicano no podría decidir sobre el ejercicio o no de una acción penal en contra de los ex presidentes; ya que esta facultad depende únicamente de las autoridades competentes.

«A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública(…) a ella compete denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia».

El ministro expuso que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho, a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y a sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona.


Posible impunidad

Aguilar Morales enfatizó que, en el hipotético caso en el que se realizara esta consulta y se obtuviera una respuesta en contra de realizar el enjuiciamiento, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido.

En este sentido, la consulta popular no puede considerarse la vía constitucionalmente idónea para dar comienzo a la investigación y persecución de los delitos.


La consulta rompe con el principio de igualdad

Por último, el ministro expone que «no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar; mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento».

La decisión de la consulta será tomada por el Pleno de Ministros por mayoría simple, por lo que bastarían seis votos para desechar la propuesta de consulta.

Será hasta el 1 de octubre que se tengan los resultados de esta consulta para saber si procede o no.

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