En septiembre arrancará el proyecto que tiene como fin combatir a las empresas ‘facturadoras’ de operaciones simuladas y las compañías que deducen operaciones simuladas, es decir: negocios fantasmas.
Además de ello, se buscará aumentar las penas, de cinco a ocho años de prisión para quien compre o adquiera comprobantes fiscales -facturas- que amparen operaciones o actos jurídicos jamás realizadas, o sea inexistentes.
La modificación en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, apunta que la defraudación fiscal será procedida como ilícito de delincuencia organizada cuando el monto supere tres veces lo dispuesto por el defraudado.