¿Qué pasa cuando un servidor público comete un delito?¿Cuáles son esos delitos? y ¿Tienen consecuencias?
Efectivamente, los delitos realizados por servidores públicos pueden ser también conocidos como “delitos por hechos de corrupción”, y los puedes encontrar en el Código Penal Federal. En dicho código se te explica detalladamente cada uno de los delitos que recaen en esta categoría y el día de hoy te explicaré cinco:
- Tráfico de influencia:
Consiste en lograr que una persona que trabaje para un cargo público, ya sea funcionario o autoridad, dicte una resolución injusta con la intención de lucrarse o beneficiarse económicamente.
- Cohecho:
Es el soborno a una autoridad o a un funcionario público; solicitarle, ofrecerle o darle regalos para que cometa una infracción administrativa en el ejercicio de su cargo.
- Falsificación y alteración de la moneda:
Es producir, almacenar, distribuir o introducir al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.
- Encubrimiento:
Consiste en realizar actos u omitirlos con la finalidad de impedir o dificultar la acción del Estado, para descubrir e investigar un delito o una serie de delitos, así como para identificar a quién los realizó.
- Fraude:
Es un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y por lo cual alguien queda perjudicado. El fraude puede abarcar cualquier delito para obtener ganancias y utiliza el engaño como su principal modo de operar.
Es importante que sepas que los delitos por hechos de corrupción pueden imponerse uno, dos o más al mismo tiempo ya que así se establece en el Código Penal, y además, cada uno de ellos trae consigo consecuencias jurídicas específicas, pero en general pueden llegar a ser:
- La suspensión de actividades.
- La clausura de locales y establecimientos.
- Inhabilitación temporal que consiste en la suspensión de derechos para participar directa o indirectamente en la celebración de contratos con entidades públicas.
- La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores (este último afecta al total de la organización o a veces se limita a ciertas instalaciones, secciones o unidades, pero todo depende del alcance de la intervención).
¿Quieres conocer más acerca de los delitos por hechos de corrupción?
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