La Comisión de Receso de la SCJN admitió la controversia presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuesta contra la decisión del INE de aplazar la Revocación de Mandato
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 17 de diciembre, el INE emitió el acuerdo INE/CG1796/2021 por el cual declaró la imposibilidad de realizar en tiempo y forma la consulta de revocación de mandato, argumentando que los diputados federales no destinaron recursos presupuestales para su celebración.
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Tras estos hechos, el miércoles 22 de este mes, la consejera jurídica del gobierno federal presentó ante la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación en contra del citado acuerdo del INE.
Dicha controversia fue admitida por la ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, quienes aprobaron frenar el acuerdo de la suspensión de la consulta popular por falta de presupuesto que dictó el órgano electoral.
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Esta controversia se suma a otra diversa promovida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en representación de la Cámara de de Diputados, que igualmente impugnaba el acuerdo INE/CG1796/2021 del Consejo General del INE. Tras su aceptación, la Suprema Corte ordenó al INE no posponer la consulta sobre la Revocación del Mandato.
“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna”
En respuesta a esta orden, el Instituto Nacional Electoral aseguró que acatará el fallo de la SCJN, ajustando sus procedimientos al presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos.
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Por ahora no se han dado a conocer los nuevos alcances jurídicos que tendrán que ser acatados por el INE tras la admisión de la controversia presentada por la consejería jurídica.
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