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Rechazan petición de Mario Aburto para que la SCJN analice amparo promovido

La CNDH acreditó las violaciones graves alegadas por Mario Aburto Martínez, sin embargo, el caso no será revisado por el Primer Tribunal

La petición del sentenciado por el asesinato del candidato presidencial abanderado del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue negada; Aburto alegó haber sido torturado para confesar

La petición de Mario Aburto Martínez, el hombre que está cumpliendo una sentencia de 45 años de cárcel que se le impuso por el asesinato del candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, en 1994, fue rechazada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, en la que solicitaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara el amparo promovido contra dicha condena.

Según los magistrados, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que el colegiado:

“Es legalmente competente para conocer y resolver el amparo directo, toda vez que del estudio preliminar del asunto, no se aprecia que se hayan impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, ni se realizó la interpretación directa de un precepto constitucional”

En la demanda, Aburto Martínez alegó haber sido torturado para confesar la comisión del crimen, agregando que su familia también fue víctima de esta conducta calificada como “ilegal”, por lo que pidió la revocación de la sentencia relacionada con la causa penal 41/1994. .

Por lo anterior, el imputado y su representante legal de la defensoría pública, pidieron enviar el caso a la SCJN para que ejerciera su facultad de atracción.

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Es importante destacar que el pasado octubre del 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó las violaciones graves alegadas por Mario Aburto Martínez, a sus garantías, su integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.

Ante ello, dirigió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en la que solicitó reabrir el caso y realizar una investigación que dio origen a la detención y sentencia de la víctima.

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