La ley de amnistía promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue enviada el día de ayer al Congreso de la Unión con la intención de que se le dé suma prioridad (iniciativa preferente). Esta ley estaría enfocada en prestar ayuda a personas que se encuentran en prisión, ya sea por delitos menores o por fallas dentro de su proceso penal.
Mediante el proceso de iniciativa preferente, en el cual actualmente se encuentra el proyecto del presidente, se le puede dar prioridad e importancia a iniciativas que se consideren clave para el país. El Congreso tiene un periodo de dos meses para deliberar sobre el proyecto, dándole seguimiento de manera obligatoria. La decisión sobre esta ley podría entonces definirse a finales de septiembre.
Esta ley versa por completo en la búsqueda de justicia para personas que se encuentran encarceladas injustamente, o al menos, así lo ha estipulado tanto el presidente, como miembros del partido de Morena, dejando muy en claro que no es una ley para proteger criminales.
El presidente analizó esta ley junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de presidencia e hijo del fundador de la revista Proceso. Ambos, junto con el ejecutivo, han seguido muy de cerca el desarrollo y estructura de la ley, misma que definen como algo que ayudará a la pacificación del país y atacará los problemas de seguridad pública.
¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ LA LEY DE AMNISTÍA?
Según lo dicho por varios representantes y promoventes de esta ley, la misma se enfocará en la correcta administración de justicia, donde su objetivo principal es ayudar a las personas que, debido a fallas dentro de nuestro sistema penal, han sido encerradas injustamente y que después de años siguen dentro de cárceles, solamente porque sus procesos nunca fueron correctamente subsanados.
Dentro del proceso de selección para determinar a quien si se puede aplicar esta ley, habrá un estudio intensivo de casos. Asimismo, se busca proteger a personas que no tuvieron oportunidad de una buena defensa, debido a bajos recursos económicos. Dentro de este último rubro, encontramos como más vulnerable a la población indígena, mismos que presentan un porcentaje muy alto de encarcelamiento por delitos menores, y que están sujetos a una constante victimización y vulnerabilidad debido a que no hay condiciones idóneas para que tengan un proceso judicial adecuado y justo.
Se ha mencionado también que, aquellas personas que fueron obligadas o extorsionadas para colaborar con el narcotráfico también pueden ser amparadas por esta ley, siempre y cuando sus delitos estén relacionados con el narcomenudeo o figuras menos lesivas del crimen organizado.
¿QUÉ PELIGROS PUEDE REPRESENTAR LA LEY DE AMNISTÍA?
Algunos detractores de esta ley la han interpretado como una amnistía a criminales, una manera de promover un narco Estado, y perdonar a delincuentes peligrosos. Se cree que este proyecto del Ejecutivo, haría una distinción en materia de narcotráfico, cuando cualquier conducta relacionada con el mismo debería castigarse con severidad.
Y es que hay quienes comentan que, un perdón no basta para mejorar el sistema penal y erradicar la delincuencia, sino que el proceso de cambio es mucho más complejo, con solo castigo, o con solo perdón no tenemos una correcta reinserción social, que al final, es el objetivo de nuestro sistema penal. Si hay amnistía, también debe haber mecanismos concretos y eficientes para garantizar que ese perdón no quede vacío, sino que se complemente con estrategias que otorguen al delincuente un contexto social en el cual pueda desenvolverse por completo y así no tener la necesidad de volver a delinquir.
INFORMACIÓN: LA JORNADA, EL UNIVERSAL