PRI PROMUEVE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE VÍCTIMAS

Esta iniciativa, buscaría evitar “filtraciones” por parte de la autoridad, de datos íntimos, sensibles, consistentes en fotografías y material audiovisual, que frecuentemente llega a ser distribuido en los medios de comunicación.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, presentó una iniciativa para obligar a las autoridades a proteger los derechos de intimidad y vida privada de las víctimas.

La propuesta toma como punto de partida, que los medios de comunicación tienen el derecho de informar a la sociedad, mientras no dañen los derechos de las víctimas reproduciendo imágenes, audiovisuales y crónicas infamantes o degradantes sin su consentimiento expreso o, en caso de no poder otorgarlo, a través de sus familiares.

La Senadora, afirmó que la muerte de una mujer, como consecuencia de un acto de violencia de género, es una información de interés general; sin embargo, la identidad de la víctima o los datos que la hacen identificable carecen de relevancia pública, por lo que, a su consideración, tales datos deberían ser excluidos de toda publicidad en aras a proteger el derecho a la vida privada.

“Las autoridades competentes de investigar los delitos y violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas deben proteger los datos personales, en particular aquellos sensibles”, indicó la Senadora.

La iniciativa también toma en consideración la creciente indignación pública por este tipo de filtraciones, por las cuales, las víctimas quedan expuestas ante la opinión pública, resultando esto en una victimización secundaria, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos. De incurrir en estas conductas, serán responsables de las sanciones administrativas o penales que la propia Ley establece.

Ante esta situación, explica el PRI, es que se promueve esta reforma a la Ley General de Víctimas. «(La iniciativa) busca establecer un marco jurídico que proteja este derecho y establezca una responsabilidad directa para los servidores públicos, además de establecer de forma explícita este derecho para que tanto víctimas como ofendidos del delito conozcan del mismo, y de esta manera puedan exigirlo y utilizarlo de acuerdo a sus intereses» señala el Partido Político.

La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 Bis a la Ley General de Víctimas, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

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