Asesinaron a un activista y promotor de los derechos de la comunidad LGBTTTI+ el pasado 10 de agosto, encontraron su cuerpo en un panteón del municipio de Acayucan, Veracruz, su cuerpo tenía signos de tortura, golpeado y apedreado hasta morir, su nombre era Miguel Ángel Lara Medina.
Asesinaron a una trabajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había sido reportada como desaparecida el 10 de agosto, encontraron su cuerpo el domingo 11 en Valle de Bravo, Estado de México, presentaba signos de tortura y violencia, su nombre era Nancy Flores García. La CNDH emitiría un comunicado lamentando los sucesos:
“Condenamos el asesinato de Nancy Flores García, quien se desempeñaba en la Coordinación Administrativa de la 1a. Visitaduría de este Organismo Nacional; exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva de los hechos a fin de que el caso no quede en la impunidad.” – escribiría la CNDH en su cuenta de Twitter
Los casos podrían seguir y seguir con el recuento de años pasados, la violencia continúa para todos y en concreto para aquellos que defienden los derechos humanos dentro del país. Hostigamientos, amenazas, criminalización, tortura, asesinatos, el día a día para activistas y defensores de los DD.HH. en una nación como México.
La violencia no cesa, la protección no es suficiente, el país se ahoga en sangre. Según Front Line Defenders, una organización de derechos humanos que busca proteger a los defensores de DD.HH. en todo el mundo, arrojó cifras preocupantes sobre la situación en el país para los DDH (Defensores de los Derechos Humanos). Desde junio a mayo del 2017 se produjeron 1,442 ataques en contra de defensores de derechos humanos. En el periodo de 2013 a 2018, 144 DDH fueron asesinados.
ACTIVISMO Y VIOLENCIA
Hace dos años, un relator especial de la ONU visitó nuestro país para supervisar la situación y el contexto en el cual los defensores de Derechos Humanos hacen su trabajo dentro del territorio nacional. Uno de los puntos que el relator abordó en un inicio y con el retrato preliminar de un país violento como México, fue el de exhortar a las autoridades mexicanas que dejaran trabajar a las personas defensoras de derechos humanos, que se les protegiera y garantizaran las mejores condiciones para desempeñar sus funciones.
Michel Forst, el relator, eventualmente y en consecuencia a su visita, emitiría un informe investigativo detallando el problema de seguridad para los activistas y defensores de Derechos Humanos en nuestro país, en el mes de febrero del 2018. Forst se reuniría con 800 personas, entre las cuales se encontraban activistas, abogados, periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas.
Dentro de su investigación, Forst encontró diversos puntos donde era necesario prestar atención, uno de ellos se trataba de la violencia generalizada en el país, el relator pudo determinar que el nivel de actos violentos seguía siendo extremadamente alto, debido al dominio de los cárteles de la droga y el crimen organizado, así como el uso del ejército para la seguridad pública. Forst recibiría una serie de testimonios por parte de activistas de los derechos humanos que relataban que los actos de violencia y violaciones a derechos humanos seguían presentándose día con día. Tan solo los primeros meses del 2017 la CNDH registró 285 ataques en contra de defensores de los DD.HH.
También la investigación del relator arrojaría un problema de criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos, que se traduce en que las autoridades mexicanas emplean estrategias para obstaculizar y frenar los esfuerzos destinados a hacer valer los derechos humanos. Acusaciones o denuncias infundadas que se refieren a la comisión de delitos, mismos que se le atribuyen a los defensores de derechos humanos, y no solo eso, las autoridades judiciales inclusive llegan a hacer los procedimientos extremadamente lentos para obstaculizar los procesos de defensa de los DD.HH. Dentro de estas estrategias de criminalización, hay ocasiones donde se presentan detenciones y privaciones de la libertad de manera arbitraria.
El problema de criminalizar las acciones de los DDH, no solo recae en un grupo específico, también tiene una afectación directa en la sociedad, se vuelve un disuasorio, los movimientos sociales pierden su fuerza y su unidad, la población en general desiste de denunciar por temor a represalias.
A su vez, hay una impunidad generalizada y persistente, según el informe, 98% de los delitos en México quedan sin resolver, hay una incapacidad de investigar y sancionar a los responsables y eso conlleva un mensaje de que cometer crímenes que atenten contra los derechos humanos no tiene ni la mas mínima consecuencia, esto se traduce en un mayor problema para los defensores de derechos humanos, debido a que la criminalización se agudiza y por tanto su lucha se vuelve algo que se tiene que realizar en silencio.
También, se presenta que grupos específicos de defensores de derechos humanos se encuentran en situación de riesgo, las mujeres siendo uno de ellos y el más afectado. Entre 2010 y 2017 mas de 43 defensoras y periodistas fueron asesinadas en México, y al menos 5 activistas fueron asesinadas en 2017. México se ha vuelto el país más violento para defensoras de derechos humanos, según un informe. Hay un contexto violento para las mujeres dentro de la nación, los feminicidios se han multiplicado, y las mujeres que buscan justicia para estos crímenes se vuelen también objeto de los mismos. La crítica al patriarcado y la misoginia es una lucha que también se puede ver obstaculizada, ya sea por desembocar en un acto de violencia o por el simple hecho de una cultura machista que impide cualquier avance por parte de las activistas.
A su vez, los defensores de los derechos de la comunidad LGBT+ también forman parte de los grupos especialmente vulnerables de defensores de los derechos humanos, siendo objeto de campañas ideadas para estigmatizarlos. Los prejuicios que tienen los agentes de policía y los fiscales, ponen un alto y entorpecen investigaciones sobre agresiones a activistas de los derechos de la comunidad LGBT+. Los asesinatos de estos activistas no son investigados como delitos motivados por prejuicios, en ocasiones las autoridades denigran a las víctimas en un intento de minimizar las agresiones contra los mismos activistas, a los cuales también se les presentan muchos problemas cuando intentan organizarse, utilizar espacios públicos o acceder a recursos, puesto que son ignorados por autoridades locales y estatales.
Otro grupo de DDH que es vulnerable es el de los periodistas, según estadísticas, México es uno de los países donde la profesión del periodismo es la más riesgosa, los mismos pueden llegar a ser objeto de violencia en algún momento, cuando cubren protestas, cuando son amenazados por grupos de la delincuencia organizada y el acoso de autoridades.