GOBIERNO FEDERAL PROHÍBE LA INCINERACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19, NO IDENTIFICADAS

Las secretarías de Gobernación y Salud presentaron un acuerdo que prohíbe la incineración de cuerpos no identificados, e identificados no reclamados, fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el Covid-19.

Esta medida aplica para todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así como a cualquier institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de los cadáveres.

Foto archivo

“Ninguna disposición administrativa podrá contravenir lo dispuesto en el presente Acuerdo, respecto del manejo de los cuerpos de personas no identificadas, e identificadas y no reclamadas, por lo que aquellas entidades federativas que ya hayan emitido decretos o lineamientos de incineración de cadáveres cuya causa de defunción sea con motivo o derivada del virus SARS-CoV2, deberán ajustarse inmediatamente a las acciones señaladas en el presente Acuerdo”, indica.

El acuerdo indica que se debe inhumar los cadáveres de los cuerpos no identificados, o identificados pero no reclamados, en las fosas comunes existentes.

A la autoridad que le toque estar al frente de un caso deberá facilitar la trazabilidad tanto de los cuerpos identificados como los no identificados, mediante el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

En el caso de cuerpos sospechosos o confirmados de COVID-19, no se podrá realizar exhumación de cuerpos antes de 180 días a partir de la fecha en que se haya inhumado.

Se debe verificar que no haya datos de muerte violenta o de otra causal de deceso, por lo que las autoridades encargadas del manejo de los cadáveres deberán emitir un informe en formato libre que acredite que se realizó un examen externo del cadáver (por las circunstancias no una necropsia), que se cuenta con la fotografía del rostro, rasgos individualizantes.

También deberá incluir datos biométricos como huellas digitales, muestras genéticas con las debidas precauciones, entre otros lineamientos que dicte la Secretaría de Salud al respecto.

Las autoridades también deberán informar y remitir la ficha completa quienes corresponda, según el lugar de muerte, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión local de Búsqueda en la entidad federativa de que se trate, con la finalidad de que se centralice dicha información en el Sistema Nacional de Búsqueda con fines de búsqueda e identificación.

Por esta situación, la Secretaría de Salud contará con un sistema centralizado de manejo de información que incluya, entre otros, datos de todas las personas a las que se les brinde servicio de hospitalización por COVID-19, incluidos los datos de las personas fallecidas, mismo que deberá ser actualizado por las entidades federativas conforme a los Lineamientos de vigilancia epidemiológica.

Este sistema podrá ser consultado por las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda.

A los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías, se les exhorta “en el ámbito de sus respectivas competencias a solicitar únicamente como requisitos para registrar la defunción con motivo o derivada de dicha enfermedad grave los siguientes documentos: certificado de defunción que expide la Secretaría de Salud, una copia de la identificación de la persona fallecida y/o su CURP.

También una copia de la identificación oficial del declarante y/o su CURP, y el Informe en formato libre en el supuesto de una persona fallecida no identificada, o identificada no reclamada.

El gobierno federal solicita agilizar los procedimientos que permitan obtener el acta de defunción y las órdenes de incineración e inhumación en el menor tiempo posible, así como considerar la gratuidad en la expedición de actas de defunción y órdenes de incineración e inhumación, en su caso e instrumentar acciones de coordinación directa con los hospitales para facilitar el registro y los trámites requeridos para la disposición final de las personas fallecidas.

De igual forma se pide capturar de manera inmediata los registros de defunción en la Base de Datos Nacional de los Registros Civiles.

Este acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir a partir de este sábado 18 de abril y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la emergencia sanitaria que la originó.

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