DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO Y COAHUILA

Parte de la información contenida en este trabajo corresponde a la investigación realizada por FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Está información se dio a conocer en junio de 2017. 

Resulta pertinente establecer un contexto general a este artículo, hace algunos días el medio informativo El País dio a conocer una nota dentro de la cual se hablaba sobre la situación de violencia en Nayarit: en el ultimo año se registraron 984 denuncias por desaparición, esto en consecuencia de un régimen de violencia que azotó al estado durante muchos años. Tan solo hace algunos meses, en el camino de la carretera que se dirige hacia Tepic, familiares de víctimas encontraron una fosa con 21 cuerpos. Sucesos como este se han reproducido a lo largo del país con una cotidianidad aterrante, y más entre el 2007 y el 2018, México es una gran fosa clandestina, un territorio manejado por autoridades que desaparecen a sus habitantes.

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, mismo que versa “en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado” según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La desaparición forzada es una practica inhumana que se realiza con la intención de infundir terror en los ciudadanos, no solo se afecta al desaparecido, también a sus familiares, su entorno y a la sociedad misma. Este crimen se ha cometido como un método de represión política y social. 

Nuestro país ha pasado por tiempos oscuros, las administraciones pasadas, en concreto la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto representan un marco temporal donde México ha sido golpeado por la violencia de una manera cruda y sangrienta. Después de una guerra contra el narcotráfico a través de la militarización nacional, las secuelas quedan y el contexto de violencia se mantiene. 

El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas lanzó los siguientes datos: en la fecha de corte en abril del 2018, en México, 34,016 personas se encuentran sin localizar en territorio nacional, en un periodo comprendido entre el 2007 y el 2018, la mayoría de estos casos permanecen en impunidad. 

EN COAHUILA

La investigación llevada a cabo por la FIDH resalta lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a que la violencia en México afecta de manera distinta a zonas específicas, siendo estas las que tienen una frontera con Estados Unidos, como es el caso de Coahuila, donde la violencia que se ha presentado con mayor frecuencia está relacionada con el crimen organizado, el cual tenia un dominio casi total en los períodos mencionados anteriormente.

La FIDH establece una línea de tiempo, dentro de la cual su primera mención se refiere al período comprendido entre el 2005 y el 2011. Es recalcado que, dentro de estos años, el crimen organizado estaba relacionado estrechamente con las autoridades de seguridad de Coahuila. 

Bajo este contexto, en Coahuila se llevo a cabo uno de los casos que a la fecha sigue en espera de una resolución concreta, un esclarecimiento real de los hechos y una reparación del daño acorde al crimen cometido. La “Masacre de Allende” perpetrada en el año del 2011 se llevo a cabo por un ajuste de cuentas entre miembros del crimen organizado, en donde fueron privadas de su libertad familias enteras, hombres, mujeres, ancianos y niños, no solo en Allende, sino también en ciudades colindantes. 

Según declaraciones que menciona la investigación de la FIDH, 100 personas habrían desaparecido, sin embargo, otros datos apuntan a que pueden oscilar entre las 200 y 300. La Procuraduría General de Justicia del Estado reporta un total de 23 victimas, con 42 desaparecidos. Todo esto resulta en un incierto, no hay una cifra específica ni concreta. 

El pasado 27 de junio, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, junto con otros representantes de gobierno, ofrecieron una disculpa pública por la desaparición y privación de la libertad de los habitantes de la ciudad de Allende. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero también estuvo presente, calificando a la ‘Masacre de Allende’ como uno de los hechos que mas han dañado al país, a su vez hizo mención de la complicidad entre autoridades del municipio, delincuentes y servidores públicos. 

Sin embargo, una representante del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, no aceptó las disculpas ofrecidas por el aparato estatal, debido a que a su juicio no hubo verdad, ni justicia, no se reparó el daño y no se garantizó la no repetición.

Datos recabados y hechos públicos por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas posicionan a Coahuila como el octavo estado donde hay más víctimas de desaparición, con un monto de 1,778 hasta enero de 2018. 

Hay que recalcar que las cifras del RNPED y su eficiencia han sido cuestionadas en varias ocasiones, debido a que, si bien este organismo lleva un registro, el mismo no se enfoca en las víctimas, solamente en las averiguaciones. No se cuenta con un único registro nacional, y eso ha representado un problema muy grande para representantes y activistas que llevan a cabo una lucha en contra de la desaparición forzada en el estado y el país. 

SOLUCIONES 

Con relación a las deficiencias presentadas por el RNPED y sin tener un organismo especializado en la prevención, la búsqueda y la contabilización de desapariciones forzadas en el país, en el 2017 se presentó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, misma que dentro su implementación abarca varios aspectos. Gobierno Federal después de haberse reunido con colectivos de víctimas para consulta y en atención a recomendaciones de organismos internacionales, estableció un plan de trabajo donde se busca elaborar estrategias para prevenir, investigar y sancionar a los responsables del crimen de desaparición forzada

Los puntos clave del plan, (algunos de ellos ya implementados) son: 

  1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Queda atrás la simulación y por primera vez se reinstalará el SNB en estrecha coordinación con las entidades federativas y sus fiscalías. Se espera que la consolidación definitiva de este sistema quede lista en marzo.
  • Protocolo de Investigación y de Búsqueda. Abarca protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, así como protocolos homologados para búsqueda, exhumación e identificación. Lo anterior, con un enfoque diferenciado por región.
  • Atención a Víctimas. Se dará atención especial a las víctimas de delitos vinculados con trata de personas y migrantes. Asimismo, serán replanteadas las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
  • Instituto Nacional de Identificación Forense. Se creará dicha instancia con el fin de coordinar los servicios forenses de todo el país. Se ha trabajado en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), esperando tener listo el INIF en marzo.

INFORMACIÓN: FIDH, MILENIO, GOBIERNO DE MÉXICO, RNPED

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