LAS AGRESIONES SE HABRÍAN EXTENDIDO A SONORA, CHIHUAHUA Y DURANGO
“Ya paren todo, ya me entregué, ya tranquilos, ya ni modo. Paren todo, detengan el desmadre”, fueron las palabras que pronunció Ovidio Guzmán cuando elementos de las fuerzas armadas lo capturaron, para que tres horas y media más tarde, por orden del Gabinete de Seguridad lo dejaran en libertad.
“Dile a tu gente que pare todo, le repetían los elementos de seguridad al hijo de “El Chapo Guzmán”.
La estrategia fallida de las fuerzas armadas fue desmantelada por técnicas militares empleadas por la delincuencia organizada, misma que puso en riesgo la vida de las personas al provocar acciones violentas enfocadas hacia las fuerzas militares en el lugar, personal militar en servicios aislados y en periodos de descanso, a las familias del personal militar.
Pero principalmente la amenaza de agredir directamente a los habitantes de Sonora, Chihuahua y Durango.
Las técnicas militares fueron por el uso de armamento automático y antiaéreo, como son el AK-47, el R-15, lanzacohetes, lanzagranadas 40 milímetros, ametralladoras y fúsiles calibre 50, que son antiaéreos y también en contra del blindaje, chalecos y casos tácticos, así como placas balísticas, empleo de vehículos con blindaje de fábrica y artesanal, camionetas de redilas, volteos, robo de vehículos en la vía pública para evitar ser referidos y confundirse entre la población.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que los agresores se mantuvieron drogados durante los hechos, uso intensivo de radios análogos y digitales, con lo que dificultaron la intercepción de la comunicaciones.
También destacó el intento de soborno al comandante de la fuerza de intervención por tres millones de dólares; de acuerdo con Cresencio Sandoval no aceptó, por lo que fue amenazado de muerte, él y su familia.
De acuerdo con el reporte oficial, el único elemento que convirtió en “exitoso” el operativo fue “una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre”.
Sin embargo fueron más los “aciertos” de los delincuentes que convirtieron la decisión del gobierno en una estrategia fallida; entre ellas, la rápida reacción, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones y la falta de orden de cateo.
Estos cuatro hechos orillaron a las fuerzas a retirarse sin el presunto delincuente y sin culminar el proceso de detención.
Dicha detención responde a tres principales antecedentes: en abril de 2018 existe una orden de aprehensión, en Estados Unidos; una orden de detención provisional con fines de extradición por petición de aquel país y fundada en el tratado de extradición México-Estados Unidos vigente desde 1978.
En tercer lugar, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscalía solicitó la orden de cateo, en cumplimiento a la orden de detención con fines de extradición expedida por un juez federal del estado de México.
Otro de los escenarios previstos y planeados por la delincuencia es que enseguida ofreció recursos a quien se uniera a atacar a las fuerzas federales.
Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, los ataques contra la ciudadanía “fueron propiciados por una acción precipitada, cabe reconocerlo con toda honestidad”.
La autoridad no previó escenarios que sí hizo el cartel, por lo que “nunca como ahora en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán”, dijo.
Sin embargo, el gobierno federal insiste en que aunque “merece ciertamente una crítica, no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de que quienes lo llevaron a cabo, como es el caso de Culiacán”.
Quienes toman las decisiones continúan con la idea de que la responsabilidad de la estrategia fallida es de la tropa, en el que habría sido el primer operativo de captura de un objetivo de peso en grupos que comercializan drogas.
Durazo justificó que “en materia de seguridad, no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad”.
EL SALDO
Las cifras del gobierno federal indican que resultaron ocho muertos: un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal y cinco agresores.
Los heridos: un oficial de la Guardia Nacional, ocho agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal, dos policías municipales.
Las retenciones por la delincuencia: dos oficiales, nueve de tropa, que fueron liberados posteriormente en diferentes puntos de la ciudad y de las carreteras.
El armamento, material y equipo dañado: vehículos 16 con impactos de bala, aeronaves una, 16 armas largas y dos armas cortas; dos armas cortas que el Ejército les quitaron o siguen extraviadas.
El personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio; sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial.
Finalmente para deslindar responsabilidades hacia las instancias y personal militar, se designó un equipo multidisciplinario de la fiscalía militar para que se trasladara a la plaza de Culiacán e iniciara las carpetas de investigación para determinar si se infringió o no la disciplina militar, hecho que ya está en curso.