AYOTZINAPA DE CERO

Cinco años más tarde y con un cambio en la presidencia de la República, se plantea iniciar de cero la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El principal objetivo es localizar a los jóvenes y sancionar a los responsables, desde los autores materiales hasta las autoridades que fueron omisas.

Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los jóvenes desaparecidos solicitaron al ejecutivo que interviniera para que se replanteara la investigación y se dio el compromiso.

Dos días enseguida de su toma de protesta abrió las puertas de Palacio Nacional para que los padres entraran y fueran testigo de la firma del primer decreto presidencial: la creación de una comisión especial sobre Ayotzinapa.

La instrucción fue para todas las instancias del gobierno con la finalidad de entregar cualquier información al respecto, también pidió que se permitiera el acceso a cualquier instalación, incluidas las militares, lo cual había sido una inquietud de las víctimas

Para el 15 de enero la Secretaría de Gobernación instaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que demostraba que “no hay verdad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala”.

De acuerdo con Gobernación al llegarse a la verdad se castigará a quien resulte responsable, sin importar el puesto que haya tenido al momento de los hechos.

De ahí que resulte que las investigaciones van tras el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, ambos autores de “la verdad histórica en el caso Ayotzinapa”.

“Los arrojaron a la parte baja del basurero donde quemaron los cuerpos, hicieron guardias y relevos para que el fuego durase horas arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, afirmó Murillo Karam en la conferencia donde por primera vez expuso el término “verdad histórica”. 

Más tarde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también desestimó dicha versión del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto. El grupo salió del país en 2016 y ahora el gobierno de López Obrador les ha pedido que regresen a colaborar en las nuevas investigaciones. 

Con la nueva comisión, también se nombró al fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

Fue hasta este miércoles que los padres de los normalistas lograron la reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y con el fiscal de la Unidad Especia; con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo. 

La reunión duró cerca dos horas, en ella la Fiscalía se comprometió a reconstruir de inicio todas las investigaciones e iniciar averiguaciones por las irregularidades que se cometieron, así como que el presidente mantendrá una comunicación directa con el fiscal especial.

También recibieron la solicitud de que no se libere a más implicados en los procesos.

Hacia diciembre habrá un balance sobre la investigación, en la que todas las líneas de investigación serán tomadas en cuenta. Se prevé que antes, en noviembre, los padres se reúnan de nuevo con el presidente López Obrador.

Luego de la reunión de este miércoles, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes afirmó que el fiscal general, Gertz Manero, reconoció que la investigación “está muy mal, hay que volver a reconstruirla desde el principio, yo no veo por dónde pueda avanzar con lo que tenemos”.

El presidente reconoció este hecho como una “herida abierta para el pueblo de México” e hizo un llamado a la población a que quien tenga información del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la comparta para poder concluir la búsqueda.

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