El 29 de octubre, la cámara de diputados celebraba por todo lo alto que se aprobaban las reformas al artículo 108 constitucional, que regula los casos en que el presidente de la república puede ser sometido a un juicio para perder el fuero.
En ese momento se admitieron 11 causales, delitos, que podrían llevar a un mandatario a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión. Incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo enlistó entre los 89 compromisos cumplidos, de 100 que se planteó el uno de diciembre de 2018, luego de tomar protesta.
Pues tendrá que desenlistarlo porque los diputados dijeron no a los cambios que proponían los senadores. De acuerdo con la minuta enviada por la cámara alta, los legisladores y el presidente compartían los mismos delitos por los que podrían ser enjuiciados. Es decir, reducían a 11 las causas por las que un diputado o senador debería perder la inmunidad y enfrentar a la justicia.
Los diputados prefirieron no aprobar la reforma al fuero presidencial, para que los legisladores sean sancionados casi por cualquier delito que cometan.
Pablo Gómez, vicecoordinador de los diputados de Morena, respondió así al senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien dijo que le tenían que enmendar la plana a los diputados. “Es exactamente al contrario, no queremos el privilegio de no poder ser procesados y enjuiciados, como él lo ha propuesto en la Cámara de Senadores. No gracias. No hemos venido a esta Cámara a pedir privilegios, sino a eliminarlos”, sentenció a su compañero de partido.
Así que regresaron a la cámara alta la reforma legislativa y ya no hay posibilidades de que regrese a los diputados. No al menos en la forma en que está redactada. Ahora, deberá presentarse una nueva ley que será enviada a las comisiones respectivas, sancionada y se emitirá un dictamen, que deberá ser votado por el pleno con mayoría calificada, dos terceras partes de los legisladores presentes; luego pasará a la colegisladora y finalmente a los 32 congresos para su aprobación, porque se trata de una reforma constitucional.
En los hechos se trata de la primera ley enviada por el ejecutivo que no es aprobada por las diferencias entre diputados y senadores. A pesar que en ambas cámaras Morena tiene mayoría legislativa y podría construir acuerdos para modificar la constitución sin tantos problemas, pero diferencias entre los propios legisladores de Morena lo impiden.