Foto: Expansión
Se cumplen cinco años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el caso sigue sin resolverse.
Los estudiantes aún están desaparecidos y la actual administración incluso optó por comenzar de cero tomando todas las líneas de investigación.
Sin embargo, desde los primeros meses de investigación, aún en el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentaron las irregularidades con la llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, que presentó el 27 de enero del 2015, apenas cuatro meses después de la noche de Iguala.
La primera “verdad” desmentida después fue que los estudiantes fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos y posteriormente incinerados en un basurero de Cocula.
La clave en este punto fue que sus restos fueron lanzados en el Río San Juan sin posibilidad de que pudieran ser identificados.
Las demás irregularidades se expusieron al llegar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes desmintieron una a una las revelaciones que dio la PGR en su momento.
En un video se mostró al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, que visitó la zona donde supuestamente habrían encontrado restos en bolsas, que pertenecían a uno de los estudiantes, ese hecho fue la base de su presentación de resultados de investigación.
Enseguida de las declaraciones peritos mexicanos pusieron en duda la posibilidad de que 43 cuerpos pudieran ser incinerados en un basurero.
Posteriormente este señalamiento fue confirmado por el propio GIEI.
Los funcionarios del gobierno de Peña Nieto también son señalados por haber obtenido las declaraciones mediante tortura, por lo que no pueden considerarse válidas.
En mayo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo corroborar este hecho mediante cinco testimonios.
Otro dato más que generó duda fue la aclaración que hizo el GIEI en torno a que los normalistas viajaban en cinco y no en cuatro camiones, según lo informado por la PGR, eso ponía en duda el señalamiento sobre que hubieran abordado un vehículo que trasladaba droga.
Organismos como Amnistía Internacional también expuso su postura en torno a que el gobierno de Peña Nieto encubriría a toda costa las violaciones a los derechos humanos que predominaban en el país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ofreció evidencia de que era necesario reabrir la investigación.
De acuerdo con la última declaración del ombuds person, Luis Raúl González Pérez, aseguró que ya no hay justificación sobre el retraso del envío a Innsbruck de los 114 restos óseos hallados en el basurero de Cocula.
Esto debido a que el gobierno federal ha asegurado que no hay restricción presupuestal para saber lo que sucedió con los 43 normalistas, situación que daría certeza a los familiares.
A cinco años, no se tiene verdad sobre Ayotzinapa y los padres tendrán que iniciar de cero el acompañamiento de las autoridades para dar con sus hijos.