Seis de los ocho conservacionistas detenidos en Irán desde enero de 2018 fueron condenados a penas que van de seis a 10 años por espionaje, informó un abogado con conocimiento de los casos al Centro de Derechos Humanos de Irán (IDHC), que lo confirmó con varias personas de la esfera judicial.
Los ocho conservacionistas afiliados a la Fundación Heritage persa de la fauna pasaron casi dos años en la prisión de Evin, en Teherán, con largos periodos en aislamiento y, a menudo, sin acceso a abogados, en un proceso universalmente condenado como una farsa escandalosa de la justicia.
El Centro de Derechos Humanos en Irán (IDHC) condena estas sentencias ilegales e injustificables e insta a las autoridades judiciales de Irán a revisarlas y rechazarlas, así como a poner en libertad a los seis condenados y a los dos que aún espera la resolución judicial.
Deben liberarlos
“Tomando en cuenta que el tribunal emitió su veredicto, los conservacionistas deben ser liberados bajo fianza hasta que se dé el veredicto final por la Corte de Apelación”, consideró Aghasi.
“La detención temporal es sólo para casos especiales con el fin de evitar el contacto entre los sospechosos y la intimidación de testigos (…) pero aquí no se presenta ninguna de estas situaciones”, dijo.
“La corte tenía que emitir un veredicto una semana después de la presentación final de pruebas, pero tomó más tiempo y aún no decide sobre dos de los sospechosos, lo que probablemente ocurrirá el 23 de noviembre. El veredicto será publicado en el registro en línea del Poder Judicial, aunque no será un veredicto por escrito, porque en los casos políticos y de seguridad, las autoridades no quieren dar nada firmado o sellado al sospechoso o a los abogados”, apuntó.
La sentencia más severa del Tribunal
“Han condenado a Bayani y a Tahbaz a 10 años de prisión cada uno, acusados de ‘contactos con el gobierno enemigo de Estados Unidos’, que se castiga con prisión de uno a 10 años. Recibieron la sentencia máxima. Niloyfar Bayani también recibió la orden de pagar todos los sueldos que recibió de las Naciones Unidas durante los años que trabajó para ellos”.
Aghasi dijo a CHRI: “Yo era abogado de Taher (Ghadirian), pero el juez (Abolghasem) Salavati no me permitió estar durante el juicio y rechazó mi representación. También era abogado de Sam (Rajabi), pero tampoco se aceptó mi representación.
Sin embargo, sabemos por la evidencia existente que los veredictos carecen de bases sólidas y no había una fuerte evidencia para demostrar las acusaciones contra estos activistas”. “Los únicos crímenes cometidos en el caso de los conservacionistas, son su detención ilegal, su tratamiento cruel e inhumano en régimen de aislamiento prolongado, la negación de sus derechos al debido proceso, y la farsa de las sentencias, emitidas sin pruebas y sin tener en cuenta los requisitos de la ley”, concluyó Ghaemí.