Defender la tierra y el agua es “defender nuestra propia vida” han asegurado a Efe Genaro Graciano y Carlos Páez, activistas colombianos cuyas comunidades campesinas se encuentran presionadas por “el Gobierno, los paramilitares y las multinacionales” debido a sus actividades ambientales.
Ambos se encuentran en Madrid gracias a un programa de varios meses de acogida coordinado por la ong Mundubat y financiado por el Ayuntamiento de la capital española, con la idea de denunciar la situación en su país y “tejer redes y alianzas que permitan bajar el perfil de amenaza” al que están sometidas sus comunidades.
Sólo en Colombia, “fueron asesinados 110 activistas ambientales en 2018, lo que supone más de la tercera parte de asesinatos de líderes sociales del mundo”, ha certificado a Efe el coordinador del programa de acogida, Raúl Rojas, ya que según recuerdan Graciano y Páez “no existen mecanismos o instituciones a los que acudir para denunciar la destrucción de la naturaleza” y las personas que toman la iniciativa a nivel individual corren graves riesgos.
Activista Ambiental Campesino especializado en la agricultura del café, Graciano habita en un área rural del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, donde la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico en 2010 trastocó su forma de vida y la de sus vecinos, así como del medio natural en el que vivían.
“El Monstruo”, como los habitantes de la zona llaman al proyecto ‘Hidroituango’, es una presa en el río Cauca, el segundo más grande de Colombia, para cuya construcción se levantó “un muro de 220 metros de altura” que “ha desplazado a centenares de campesinos e indígenas y destruido toda la vida de allí: la biodiversidad y el único bosque tropical seco” del país.
Las obras taponaron dos túneles por donde se descargaban los 1.600 metros cúbicos de agua que transporta el río mientras se construía uno nuevo que “secó al río durante tres días”, lo que supuso una “masacre de los peces del río y la hambruna de la población” ya que la administración colombiana “no tuvo ni tiene preparado ningún plan de contingencia”.
El Cauca “abastecía a muchas familia de pescadores, barqueros y agricultores, que han sido expulsadas” de la zona, ha denunciado este portavoz del movimiento ‘Ríos vivos’, al estar “desprotegidas” por el “alto nivel de debilidad de las organizaciones sociales, que son amenazadas, estigmatizadas y criminalizadas”. Sólo en su comunidad, ya suman “media docena de activistas sociales asesinados en la lucha por el agua”, por lo que “los ríos colombianos se han convertido en un cementerio de muertes”.
Además, esta central eléctrica ha sido declarada “en emergencia” por el propio Gobierno de Bogotá en mayo del año pasado debido a problemas técnicos derivados de supuestas irregularidades en los procesos de contratación.
Restitución de tierras En cuanto a Carlos Páez, se trata de otro campesino que representa en este caso a la Asociación de reclamantes de tierras de Urabá, también en Antioquia, a los que el conflicto entre el ejército colombiano, los paramilitares y la narcoguerrilla de las FARC entre otros grupos armados les privaron de sus tierras en los años 90 del siglo XX.
Tras una reclamación judicial que ha durado años y que ha sentado precedente legal, con “amenazas que llegaban a la población en forma de listas, con nombres y apellidos” y que se materializaron en el asesinato de una veintena de personas de la zona, consiguieron que les devolvieran sus propiedades pero sólo el 2,5 % de ellas y, además, “destruidas“, ha explicado.
El despojo de tierras a los campesinos que “desde siempre habían sido los encargados de cuidar la naturaleza” llevó aparejado la devastación de las reservas forestales y los cultivos agrícolas. Por ello, Páez reclama a las autoridades colombianas “un acompañamiento económico y financiero para restablecer” las zonas afectadas.
INFORMACIÓN: EFEVERDE