Durante los últimos años, Oxxo ha enfrentado múltiples denuncias formales por parte de empleados y extrabajadores que han decidido romper el silencio. Estos casos están documentados en expedientes judiciales y quejas ante instancias laborales, respaldando con pruebas muchas de las afirmaciones contenidas en este reportaje.
Denuncias por despido injustificado: trabajadores que fueron removidos de su puesto sin previo aviso tras presentar quejas o negarse a cubrir pérdidas económicas.
Demandas por incumplimiento de contrato: comisionistas que jamás recibieron la capacitación prometida o que fueron obligados a asumir costos de operación que no les correspondían legalmente.
Casos de acoso laboral: empleados que señalaron haber sido hostigados por supervisores, especialmente al solicitar vacaciones, incapacidades médicas o expresar desacuerdo con ciertas prácticas.
Quejas por alteración de inventarios: documentos y testimonios afirman que, previo a auditorías, personal de oficinas centrales modifica cifras o provoca "faltantes" con el fin de justificar descuentos o sanciones.
Una de las denuncias más representativas es la de una excomisionista que trabajó 19 años para la empresa y que terminó siendo acusada falsamente de robo tras abandonar su tienda por motivos de salud. Ella misma documentó la entrega del dinero y del local, pero aún así fue señalada públicamente sin pruebas.
Juzgado Laboral de Campeche (2022)
Un extrabajador de Oxxo —cuya identidad se omite por privacidad— presentó una demanda en 2022 contra la empresa por despido injustificado, agotando previamente el proceso de conciliación ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado. Según la documentación, el actor denunció haber sido retirado de su cargo tras años de servicio, sin recibir los pagos correspondientes por concepto de liquidación, salarios caídos, ni las prestaciones acumuladas durante su labor. La defensa legal presentó pruebas de que el trabajador cumplía con su jornada de forma constante y que no se le notificó previamente ningún incumplimiento que justificara el cese.
Expediente 148/2/2018 - Tampico, Tamaulipas
Un trabajador demandó a Oxxo por obligarlo a firmar una renuncia bajo amenaza. Según el expediente, tras rechazar firmar el documento, un superior le informó que Recursos Humanos ya tenía una hoja en blanco con su firma para hacer pasar su salida como voluntaria. Esta práctica, según declaró ante el tribunal, buscaba evitar el pago de su liquidación. El tribunal falló a favor del trabajador, obligando a la empresa a pagar indemnización y conceptos retroactivos.
Además, hay antecedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde Oxxo ha sido parte recurrente en litigios por créditos fiscales y prácticas administrativas dudosas. En 2021, la Segunda Sala de la Corte revisó el recurso de reclamación 1382/2020 relacionado con un crédito fiscal por más de 4 millones de pesos debido a la venta de alcohol sin el pago correcto del impuesto correspondiente. Aunque se trató de una cuestión fiscal, el contexto laboral de los involucrados fue mencionado durante la argumentación como parte de un patrón más amplio de irregularidades.
Estos casos son solo una muestra de un fenómeno extendido. En cada expediente hay nombres, fechas, pruebas. Detrás de cada folio, hay vidas marcadas por el desgaste y el abandono institucional.
FEMSA, la empresa dueña de Oxxo, ha guardado silencio frente a múltiples denuncias. En documentos revisados por este medio, no se encuentra una postura clara frente a los señalamientos. Sin embargo, en campañas institucionales, Oxxo presume ser una empresa "incluyente", "moderna" y "con compromiso social".
Las contradicciones son evidentes. Mientras en sus redes sociales hablan de "empatía y liderazgo positivo", sus empleados viven turnos dobles sin pago, faltantes que deben cubrir con su propio sueldo, y una vigilancia digital que raya en la invasión a la privacidad.
Además, Oxxo ha sido objeto de múltiples demandas por despidos injustificados, incumplimientos de contrato y acoso laboral. Algunas han terminado en indemnizaciones mínimas. Otras, simplemente, no prosperan por miedo o falta de recursos legales de los afectados.
