En las entrañas de la industria carbonera de Coahuila, dos apellidos resuenan con fuerza: Yutani y Mata. Ambos clanes han construido una compleja red de empresas que a través de contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad, han amasado una fortuna a costa del bienestar de los trabajadores y del medio ambiente, como prueba, las deplorables condiciones laborales y los múltiples accidentes que han cobrado la vida de varios mineros a su cargo.
El apellido Yutani es otro de los más sonados en la industria carbonera, ya que esta familia a través de alguno de sus integrantes se relaciona con cinco empresas, las cuales han sido acreedoras entre el 2020 y 2023 a contratos para proveer de carbón a la Comisión Federal de Electricidad.
Minerales y Transportes S.A. de C.V., RSY Minera S. de R.L. de C.V. y Comercializadora Armoyu S.A. de C.V. fueron creadas en el 2009, 2014 y 2018 respectivamente, y de acuerdo con el Registro Público de Comercio, las tres compañías se encuentran localizadas en la colonia Flores Magón en San Juan de Sabinas, Coahuila. Además de coincidir en la ubicación, comparten entre sí, socios, administradores y comisarios.
Por ejemplo, en Minerales y Transportes S.A. de C.V., David Armando Morales Yutani es el socio mayoritario con el 94% de las acciones y a su vez funge como administrador. Por su parte, Maribel Yutani Kuri es la accionista secundaria con el 6% y paralelamente se desempeña como la comisaria. A esta empresa se le adjudicó un contrato en febrero del 2023 por un monto de 54.9 millones de pesos para proveer de carbón térmico no coquizable a la central Carbón II de la CFE.
El nombre de David ha sido vinculado al accidente que ocurrió en junio del 2012 en un pocito de carbón en Palaú, Múzquiz, donde desafortunadamente perdieron la vida siete mineros a causa de un shock neurológico producto de una explosión por acumulación de gas metano. La concesión del pocito había sido otorgada por parte de la Secretaría de Economía a David, sin embargo, aparecía como contratista la empresa El Progreso S.A. de C.V., propiedad de Federico Quintanilla Riojas, quien firmó el contrato el mayo del 2011 y fue el que se hizo responsable del infortunio.
En el caso de la Comercializadora Armoyu S.A. de C.V., David es nuevamente el administrador y socio principal con el 80% de la propiedad. La socia del 20% restante es Erika Alejandra Guerrero Arzola y como comisario aparece Iván Alejandro Arizpe Cuencar, quién también ejerce el mismo papel en Minerales La Florida S.A. de C.V. Esta empresa fue dada de alta ante notario el 2017 por Javier Iribarren Balderrama y Manuel de la Rosa Sandoval con una participación accionaria del 80% y 20% respectivamente. Sin embargo, en marzo del 2021 Manuel vendió sus acciones a Juanita Ramírez Dávila.
Javier Iribarren es dueño de dos cuevas de carbón ubicadas frente al poblado de la Florida en Múzquiz, están han sido señaladas por no contar con las medidas de protección necesarias para asegurar el bienestar de los trabajadores. Estas cuevas operan sin salida de emergencia, asimismo ninguna posee consolas para medir el gas, ni sistemas de ventilación por ser cañones ciegos y aunado a esto, los trabajadores realizan las actividades extractivas sin equipo de protección personal. Estas condiciones han sido exhibidas por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en 2019 con el propósito de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las restrinja para prevenir accidentes.
