SEDENA compra a empresa

con antecedentes de estafa

Durante este gobierno la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha otorgado contratos por un monto de 21 millones de pesos que provienen del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar a una empresa que, en el 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, estafó al Estado Mayor Presidencial al vender un equipo médico a un sobreprecio de 119%.

Los cuatro contratos se firmaron en 2020 y fueron para adquirir “Equipamiento no permanente para las Unidades de Policía Militar en apoyo a las tareas de seguridad Pública”, según los contratos obtenidos vía ley de transparencia.

La empresa beneficiada se llama Pacific Youngs y su relación comercial con las Fuerzas Armadas data de 2012. En mayo de ese año, el centro hospitalario del Estado Mayor Presidencial, donde se atendían el presidente y su familia, adquirió un quirófano diseñado para realizar procedimientos de cirugía mini invasiva.

Tres años después esa compra estuvo bajo la lupa del órgano interno de control, que inició una investigación porque detectó que el equipo médico se había adquirido con sobreprecio. Esto, según el expediente de sanción consultado, ocasionó un daño al erario, ya que durante la transacción no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el Estado.

Aunque la empresa no fue sancionada, los dos militares que autorizaron las compras con sobreprecio sí fueron castigados por no verificar que se integrara correctamente la investigación de mercado.

Una firma con turbio historial

En octubre de 2015 el órgano interno de control de la Presidencia de la República sancionó a un coronel y un general de brigada del Estado Mayor Presidencial (EMP) por haber adquirido un equipo de cirugía con un sobreprecio de 119% respecto al precio de mercado.

Aunque se determinó un probable daño al erario por un monto de 19.2 millones de pesos, ambos altos mandos militares solo recibieron una amonestación pública, de acuerdo a la resolución emitida en el expediente R-0089/2015 entregado por la Función Pública tras una solicitud de información.

La autoridad sancionadora encontró diversas irregularidades en el procedimiento de adquisición donde intervinieron los miembros del EMP. Al director del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial se le atribuyó que no fundó ni motivó el dictamen técnico que justificaba la adjudicación directa a la empresa. El documento no contenía los plazos de entrega de los bienes ni la forma de pago.

En su fallo, el OIC acusó también al coordinador administrativo del EMP de no verificar que estuviera debidamente integrada la investigación de mercado. “Como responsable del procedimiento de contratación celebró el contrato sin sujetarse a las normas toda vez que no se contó con las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio para la adquisición de dicho equipo médico”, se lee en el dictamen.

Los militares tampoco obtuvieron información de cuando menos dos fuentes. Por ejemplo, no se consultó la información disponible en Compranet o se buscó a organismos especializados, de cámaras empresariales o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios que permitieran comparar costos de equipos de calidad similar a los adquiridos.

En la investigación de mercado tampoco se buscó a fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo y ni siquiera se hizo una búsqueda en páginas de internet, por vía telefónica o por otro medio para conocer una segunda opinión.

En el fallo del OIC, aunque se comprobó el sobreprecio con el que vendió Pacific Youngs al Estado Mayor, no se le sancionó. Una explicación a esto puede ser que en ese entonces no había una legislación tan robusta para sancionar a compañías como la que se implementó a partir de 2015 con las modificaciones en materia anticorrupción, explica Jorge Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Tradicionalmente se consideraba o se castigaba la corrupción de puertas para adentro, esto es dentro de gobierno. Sin embargo dentro de estas reformas (de 2015) ahora se considera la responsabilidad en la que pudiera incurrir el sector privado y las alternativas que deben existir para sancionarlo”, detalla.

Sin embargo, alerta Alatorre Flores, si esta empresa ya tuvo experiencias que hablan de un comportamiento anómalo en sus antecedentes, se debe de tener precaución y usar la experiencia para evitar caer en las conductas del pasado y poder prevenir actos de corrupción.

“Si bien es cierto no se puede tener un veto porque no hubo una sanción, sí muchísimo cuidado extra al contratar con quien ya hay un expediente de comportamiento anómalo”, reitera.

Bajo la lupa de la ASF

En una revisión de la partida presupuestal 53101 destinada a equipo médico y de laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación también había encontrado otras anomalías relacionadas a la compra del mismo equipo que reportó al OIC de Presidencia.

Una de las principales observaciones es que el equipo no se compró directamente al vendedor oficial, sino a Pacific Young, que dijo ser un proveedor autorizado y fungió como intermediario. A los auditores les llamó la atención que el vendedor oficial en México había realizado anteriormente operaciones directamente con diferentes dependencias y entidades federales, como el IMSS, la Secretaría de Salud y el ISSSTE, pero para la venta con el EMP autorizó a Pacific Youngs.

“Resulta cuestionable que otorgara a un distribuidor la exclusividad para las ventas a las Fuerzas Armadas”, se lee en el dictamen.

Además cuando los auditores del órgano fiscalizador acudieron a los domicilios de los supuestos participantes en la investigación de mercado, dos informaron no haber recibido solicitud de cotización alguna, como había asegurado el Estado Mayor.

Uno de ellos explicó que fue a través de un tercero que se enteró que estaban en remodelación los quirófanos del centro hospitalario, por lo que por iniciativa propia entregó su cotización al EMP. Otro de los supuestos ofertantes no fue localizado en la dirección que proporcionó en su propuesta porque simplemente no residía ahí.

Otra señal de alerta para los auditores fue el hecho de que la venta con el EMP fue la única operación que habría realizado Pacific Youngs ese 2012, ya que eran los únicos ingresos reportados al SAT.

La empresa y sus contratos

Pacific Youngs se constituyó en la Ciudad de México en febrero de 1998. Su principal giro comercial es “compra venta de equipo médico hospitalario”. Su primera venta a la Sedena la realizó en 2012, a finales del sexenio de Felipe Calderón.

Desde entonces sus transacciones más importantes en el ámbito gubernamental han sido con el Ejército. Además de los millonarios contratos con las Fuerzas Armadas, solo ha logrado firmar uno más con la Universidad Veracruzana en 2019 por un pequeño monto para dotarla de instrumentos médicos y de laboratorio.

Después de su cuestionada venta al EMP, en mayo de 2020 comenzó a firmar contratos que se financiaron con fondos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, un fondo constituido en 2007 para cubrir las erogaciones por las adquisiciones de equipo militar, terrestre y aéreo.

La bolsa de recursos del fideicomiso también tiene como finalidad saldar la contratación de obra pública y servicios de mantenimiento destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente, según sus reglas de operación.

Un primer contrato por poco más de medio millón de pesos que provenían del fideicomiso fue para comprarle a Pacific Youngs botes sanitarios, biombos, sillas giratorias, tripies para portar sueros y orinales de acero inoxidable, según los conceptos de la compra que se especifican en el documento obtenido vía ley de transparencia.

En una de las cláusulas se destaca que: “se ha decidido celebrar el pedido para la adquisición de equipamiento y obra pública del cuerpo de policía militar para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional”.

Otro contrato que se firmó con fondos a cargo del fideicomiso fue uno por 3.6 millones de pesos formalizado en octubre de 2020, donde la empresa se obligaba a proporcionar equipamiento de sanidad para la construcción de 90 instalaciones para las unidades de policía militar en apoyo a las tareas de seguridad pública.

Entre los insumos que se adquirieron con cargo a ese contrato había aspiradores portátiles, nebulizadores, sillas de ruedas, tanques de oxígeno con puntas nasales y frascos humidificadores, juegos de collarines, camillas y equipo de cirugía.

Durante la contingencia por el COVID-19, la empresa también se vio beneficiada con contratos por adjudicación directa. En abril y mayo de 2020 firmó 3 contratos por un total de 6.2 millones de pesos con la Defensa Nacional. Uno de ellos fue para vender cubrebocas, otro para proveer desinfectantes y otro para equipo de protección como gorros.

Representante de Pacific Youngs, sin rastro

Aunque se buscó a la empresa en el domicilio reportado en los contratos y en el padrón de proveedores de la Defensa Nacional, en el lugar no hay ningún negocio. En la cerrada donde se ubica el domicilio, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, hay un portón que restringe el acceso a los visitantes y no hay comercios, solo casas habitación.

En la vivienda atendió un joven que dijo vivir ahí desde hace dos años y al preguntarle por el representante legal de Pacific Youngs respondió que éste ya no vivía ahí y que cuando llegó a residir a ese domicilio no había rótulos o señales de alguna empresa.

Al llamar al teléfono reportado por la compañía, contestó una mujer que no se quiso identificar, pero confirmó que se trataba del número de la empresa. Al preguntarle por el representante legal que firma los contratos, dijo que éste había fallecido. Pidió enviar un cuestionario por correo electrónico, el cual no ha sido contestado.