La actual pandemia de coronavirus llegó a mostrar la poca capacidad del mundo para dar una respuesta eficaz, sin contar con los equipos sanitarios suficientes, sin medicamentos y sin vacuna. Si no se tienen las medidas adecuadas, en América Latina se llegará a los 3.2 millones de contagios.
Para enfrentar la situación, el Banco Interamericano de Desarrollo establece que entre los objetivos de las políticas de los gobiernos debe destacar el salvar vidas y proteger a las personas que tienen la menor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos.
Al respecto, se propone la aplicación de pruebas masivas, sin embargo, no se tiene la capacidad para aplicarlas y dar seguimiento a los casos positivos en confinamiento parcial. Por lo tanto, se plantea recurrir a pruebas entre poblaciones más prioritarias como vulnerables a la enfermedad y quienes estén expuestas por la necesidad de salir a trabajar.
El BID también recomienda en cuanto a las medidas enfocadas al sector salud:
- Posponer todas las cirugías que no son de emergencia
- Convertir espacios para uso hospitalario y dotarlos de equipo apropiado
- Ajustar las normas de adquisiciones públicas para que nuevos productores sean elegibles para proporcionar material sanitario como mascarillas, guantes y equipo de protección
- Suspender las normas que impiden que médicos y enfermeras retiradas se sumen al personal en la crisis
- Eliminar los aranceles y barreras comerciales a equipos médicos
En cuanto a la protección de la economía el organismo recomienda que los países se enfoquen en:
- Impedir que la crisis lleve al colapso del sistema financiero y de pagos
- Proteger el empleo e impedir crecimiento en la informalidad laboral
- Evitar el quiebre de empresas solventes
- Promover la reactivación rápida después de la crisis
Entre las medidas, se destaca también el uso de programas de transferencia de ingreso a los hogares, así como también el postergar el pago de impuestos, principalmente en alimentos de la canasta básica y servicios como electricidad, agua y gas. Sumado, la prohibición de corte de los servicios básicos y el desahucio.