España aprueba Ley de Eutanasia

España se convierte en el sexto país del mundo que despenaliza esta prestación

España se ha convertido en el sexto país en aprobar la ley que despenaliza la eutanasia y que regula su procedimiento. Este jueves, el Congreso de los Diputados aprobó con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones la Ley promovida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que entrará en vigor dentro de tres meses.

Esta aprobación llega 28 años después de que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia en España.

Para solicitarla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable.

Esta norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha: «administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente», como lo que se ha denominado suicidio médicamente asistido: la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.

Proceso

La Ley española ha sido calificada como garantista debido a que establece una serie de pasos que pueden demorar el proceso: Se comienza con la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En esta solicitud debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”.

Además, se debe disponer por escrito «la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia».

Al momento de ser aprobado el proceso, que puede tardar alrededor de 35 días, el paciente puede retrasarlo el tiempo que desee, así una vez iniciado el proceso, el afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento. Todo el proceso debe ser supervisado, informado, certificado y asistido por un médico responsable que deberá solicitar la opinión de otro médico consultor. Todos los informes y la decisión del caso se llevarán a la Comisión de Evaluación y Control que deberá conformarse en cada Comunidad Autónoma.

La norma contempla además que los médicos puedan admitir la objeción de conciencia. La ayuda a morir se prestará en centros sanitarios, tanto públicos como privados, o en el domicilio del enfermo.

Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), ha dicho que la ley «ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. Se pedirán pocas eutanasias, pero la ley beneficiará a toda la sociedad».

“En un año normal (sin pandemia) en España fallecen algo más de 420.000 personas, por lo que es razonable estimar que entre 4.000 y 17.000 personas decidan adelantar su muerte cada año una vez la ley esté asentada. La experiencia internacional sugiere que las cifras serán más reducidas al principio e irán en aumento según crezca el conocimiento sobre la ley entre la ciudadanía, los profesionales sanitarios y las propias administraciones”.

Esta Ley ha sido rechazada por la Organización Médica Colegial, que asegura que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho.

Los partidarios de la ley admiten que su trabajo no ha terminado. Asun Gómez, viuda de Luis de Marcos, hombre que pedía un suicidio asistido o una eutanasia, ha manifestado su temor a que las comisiones autonómicas tengan sesgos que hagan que en unos lugares sea más fácil recibir la ayuda solicitada que en otros.

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