AMLO va contra outsourcing; propone cárcel

Las sanciones podrían ser de 4.3 millones de pesos a quienes subcontraten a su personal

La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para contra el outsourcing prevé prisión preventiva oficiosa, que podría agravar la sanción de detectarse la complicidad de más de tres infractores, que funcionen como subcontratistas; en ambos casos no se tendrá derecho a fianza.

Esperan que el Poder Legislativo la tenga lista a fin de año, para que entre en vigor el 1 de enero de 2021, con la finalidad de evitar que empresas recurran a subcontratistas para evadir su responsabilidad sobre el pago de salario real y prestaciones a sus trabajadores.

Esta práctica afecta a 4.6 millones de personas, de las cuales 3.9 millones están bajo esquemas muy agresivos de subcontratación.

Entre las sanciones administrativas podría ser suspensiones de los establecimientos; y económicas que podrían ser más de 4.3 millones de pesos a quienes subcontraten a su personal y multa de hasta 150 mil pesos si las empresas se atrasan en la información y documentación sobre las contrataciones.

El gobierno federal informó que con la reforma laboral en 2012 que introdujo la figura de subcontratación con restricciones, pero el crecimiento anual de trabajadores bajo este esquema, fue de 200 mil.

El Gobierno Federal confía en que haya consenso para la aprobación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó la baja de empleos que se tienen cada diciembre, para no pagar prestaciones, con las plazas laborales que se perdieron en un mes de pandemia de Covid-19, con una cifra superior a los 370 mil empleos.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde señaló que durante la pandemia de Covid-19 observaron más movimientos irregulares: “Los principales empresas que dieron de baja en el primer momento y vaciaron sus nóminas, fueron empresas de subcontratación, vinculadas con el sector hotelero y turístico”.

Alertó sobre el perjuicio a los trabajadores en torno a la antigüedad, con no pagar vacaciones, ni prestaciones laborales, “es un esquema del cual se ha abusado muchísimo y afecta a los trabajadores, a la hacienda pública y a las instituciones de seguridad social”, indicó.

Mediante operativos interinstitucionales el Gobierno Federal detectó, incluso, un solo grupo empresarial de subcontratación con más de 250 mil trabajadores, que no tiene o no se dedica a ninguna actividad productiva, sino que transfiere a estos trabajadores a otras empresas para que estas puedan evadir sus responsabilidades.

“Tenemos confianza de que va a ser una iniciativa completa, que pueda realmente resolver el problema de los abusos de subcontratación”, concluyó Alcalde.

En tanto el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que al ser la Cámara de Diputados, la cámara de origen, “nosotros esperamos, tranquilos, a que nos llegue el dictamen, pero coincide mucho, en un 70-80% el dictamen que aprobamos en la Cámara de Senadores con esta iniciativa”.

“Entonces no creo que haya dificultades, salvo que con algunos grupos, per va a salir adelante porque beneficia a los trabajadores. Creo que nadie pueda estar contra el beneficiar a los trabajadores. Algunos porque a ellos mismos les conviene tener tranquilad laboral en sus empresas”, añadió.

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