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GOBIERNO FEDERAL VA TRAS OUTSOURCING COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA

El gobierno federal comenzará la aplicación de sanciones a las empresas que recurran al outsourcing ilegal con el que evitan el pago de prestaciones a trabajadores, además de incurrir en defraudación fiscal.

De conformidad con la ley, esta práctica es considerada delincuencia organizada y las sanciones podrían ser de 14 a 20 años de prisión.

“La reforma precisamente va encaminada a castigar como delincuencia organizada y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal”, dijo el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, Carlos Romero Aranda.

Explicó que es un esquema ilegal cuando “tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas como en este caso es la defraudación fiscal, es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar las cuotas del IMSS, no pagar las cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber”.

Dijo que también incurren en un delito quien compra el producto; sin embargo éste aún tiene oportunidad de regularizarse.

De no hacerlo corre el riesgo de que se inicie una investigación contra él, que se presente una querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio.

“Al delincuente organizado que da este servicio y que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser condenado hasta 20 años de prisión. Es muy importante que dejen de prestar este servicio legal”, advirtió.

La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que se formó un grupo de trabajo interinstitucional que atenderá la problemática de subcontratación ilegal y «abusiva», estará a cargo del IMSS, el SAT, el Infonavit, la UIF y Hacienda.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que detectaron tres formas de defraudación fiscal: las empresas fantasma, la facturación de operaciones simuladas y el outsourcing ilegal.

“En lo que va de la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal” detalló.

A partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, añadió, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera.

A partir de ahí se localizaron mil 854 empresas; de las cuales mil 86 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar siete objetivos.

En uno de los casos una sola persona resulta representante legal de 488 empresas, 461 constituidas entre el 2012 y 2015, además de tener participación accionaria en 10 empresas adicionales; sin embargo, no presenta declaraciones de naturaleza fiscal.

El otro caso omiten los nombres por el deber de sigilo de las carpetas de investigación, en las cuales vinculan con cuatro empresas que declara fiscalmente 688 millones de pesos deduciendo su totalidad y declarando pérdidas fiscales.

Los indicadores son de triangulación y simulación de recursos, accionistas apoderados sin información financiera, posibles prestanombres y no existe congruencia entre lo operado y lo declarado fiscalmente.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que las empresas que incurren en estas prácticas ilegales, declaran ante el IMSS un salario más bajo del que realmente pagan, lo cual afecta la prestación del servicio.

Robledo dijo que se concentraron en siete operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación, en sectores de la economía, hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos.

En siete operativos se detectaron a 10 mil trabajadores subcontratados y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas.

“Es todo un esquema realmente sofisticado de empresas que cada vez que había una acción de autoridad saltaban a otra empresa, movían a la nómina; pero ahora la señal y lo que hemos estado haciendo, como decía la secretaria, que no se había hecho uno sólo de estos operativos, es trabajar en conjunto entre instituciones, que la información que le reportan al SAT sea idéntica a la que nos están reportando al Seguro Social y que las facultades de todos, en términos de inspección y fiscales, se empleen de manera integral”, dijo.

Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el anuncio es una medida preventiva para informar a los trabajadores y empresarios que este tipo de prácticas son consideradas delito grave y se castigan con cárcel, por lo que llamó a los empleadores a regularizar sus actividades.

“No todos saben que ya se llevaron a cabo estas reformas y que ahora estas prácticas se consideran delito grave y significa, en el caso de que resulten responsables, ir a la cárcel sin derecho a fianza. Entonces, es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos”, expresó.

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