EN PRIMER AÑO FRACASA ESTRATEGIA DE “ABRAZOS, NO BALAZOS” DE AMLO

En octubre se cumplió el plazo para reducir la incidencia delictiva bajo la estrategia de seguridad basada en “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, incluso al cierre del año, la meta no se cumplió.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en un año el número de homicidios dolosos aumentó de 26 mil 623, de enero a noviembre de 2018, a 26 mil 959, en el mismo periodo de 2019; es decir se registraron 336 casos más.

La estrategia de seguridad del presidente López Obrador para pacificar a México no ha obtenido los resultados esperados. La violencia ha escalado y se han registrado ataques directos a la ciudadanía.

De 1997 a 2007 los homicidios dolosos pasaron de 16 mil 866 a 10 mil 253 y a partir de ese primer año del mandato del panista Felipe Calderón, las cifras se dispararon hasta llegar a 22 mil 852 en 2011, un año antes de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, quien dejó al país con más de 26 mil personas asesinadas.

A su llegada a la presidencia, el tabasqueño aseguró que la estrategia de declarar la guerra al narcotráfico del gobierno de Calderón Hinojosa no funcionó por la cantidad de homicidios dolosos, por lo que afirmó que su objetivo es, primero, “atender las causas de la violencia”: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y el abandono a los jóvenes.

Por esta razón impulsó los programas sociales en los que entrega de 2 mil 620 pesos bimestrales a los adultos mayores; 3 mil 600 pesos mensualmente a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan a cambio de capacitación en un centro laboral.

Las becas también están dirigidas a jóvenes que concluyeron el bachillerato y buscan estudiar una carrera universitaria, la ayuda es de 2 mil 400 pesos mensuales.

Además de los programas sociales, el presidente López Obrador apostó a la creación de una nueva institución de seguridad integrada por elementos del Ejército, la Marina y la extinta Policía Federal, que de acuerdo con la iniciativa de ley aprobada en el Poder Legislativo, tiene las labores de seguridad pública.

El despliegue inició el 30 de junio y el 17 de diciembre el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que suman 74 mil 737 elementos de 150 mil en total, distribuidos en 150 coordinaciones territoriales de 266 que esperan tener al final del sexenio.

Este despliegue ha incluido acciones como operativos; uno de los más recordados es el de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre, en el que elementos de las fuerzas armadas lograron la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, al que apenas cinco horas después dejaron en libertad.

La decisión estuvo a cargo del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, que luego de ataques del cartel de Sinaloa contra la ciudadanía dejó ir al narcotraficante, por lo que esta acción fue calificada por las propias autoridades como “operativo fallido”.

Ante estos escenarios, López Obrador también ha mencionado que es necesario el trabajo en coordinación con los niveles de gobierno estatal y municipal, por lo que el 17 de diciembre presentó el informe denominado “Quién es quién en seguridad pública local”.

En dicho documento se exhibió qué gobernadores no asisten a las reuniones de seguridad en sus estados y a la que López Obrador asiste a las 6 de la mañana en Palacio Nacional donde recibe las cifras de incidencia delictiva, cada día.

Cifras del Centro Nacional de Información revelan que Guanajuato se colocó a la cabeza de la lista del número de homicidios dolosos con 3 mil 211 de enero a noviembre de 2019; le sigue Baja California, con 2 mil 657; Estado de México, con 2 mil 603; Jalisco, 2 mil 465; y Chihuahua, con 2 mil 379.

Las entidades con las menores tasas de este delito son: Yucatán, con 29; Campeche, 69; Baja California Sur registró 82; Aguascalientes, 94 casos; y Durango, con 154.

Este informe generó molestia entre los gobernadores, principalmente del estado que encabezó la lista, Diego Sinhue, de Guanajuato, quien en un año asistió a cinco reuniones; el mandatario aseguró que no hace presencia a dichos actos, ni lo hará.

“Yo les dije que no voy a ir a esas reuniones, por eso está mi Secretario de Seguridad, son reuniones de seguimientos solamente, donde dan el parte informativo. Ahí está la gente del General de la zona militar, Policía Federal de Caminos, Policía Estatal, de Guardia Nacional y Secretaría de Gobierno”, expuso al salir de una reunión del presidente López Obrador con gobernadores.

Un día después del informe, desde Palacio Nacional se convocó al Consejo de Seguridad con los gobernadores a quienes el presidente les mostró el decálogo de acciones para avanzar en el combate a la violencia.

Impedir la corrupción; marcar con claridad la frontera entre autoridades y delincuencia; trabajar de manera coordinada; capacitar y mejorar el desempeño de las policías estatales y municipales; evitar prácticas de tortura, desapariciones y masacres.

En sexto lugar insistió en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia; estar pendiente de las demandas de seguridad todos los días; no burocratizar la consolidación de la

Guardia Nacional; mejorar el salario y condiciones de trabajo de instituciones de seguridad; y, en décimo punto celebrar y alentar las iniciativas de organismos autónomos en esta materia.

Finalmente uno de los argumentos del Ejecutivo Federal durante su primer año de gobierno es que recibió al país como “un gran cementerio” y argumenta que les ha sido complicado arrancar de raíz el “flagelo de la violencia”, sin asumir aún su responsabilidad en los altos niveles de asesinatos.

López Obrador insiste en que los índices delictivos se reducirán “en el tiempo que sea necesario” y argumenta que no se han notado los cambios porque “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir”.

Comments are closed.