Este jueves México y Bolivia lograron un avance en las tensiones diplomáticas que tuvieron desde hace tres días.
México denunció hostigamiento contra su embajada por parte del gobierno interino y el ultimátum fue una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia; Bolivia cedió: aceptó el diálogo.
Pero lo hizo no sin antes afirmar que México tergiversó la información.
La canciller interina de ese país, Karen Longaric señaló que la intención de llevar el caso a una corte internacional es improcedente, debido a que la acusación se realizó desde bajo la presunción de un hecho.
El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, fijó la postura al asegurar que todavía este 26 de diciembre “llegaron nuevamente más de 50 personas civiles policiales y militares y más de 10 vehículos a la residencia oficial de México”.
Añadió que “queremos enfatizar que el gobierno de México ha privilegiado la comunicación con Bolivia a través de todos los canales diplomáticos, del 11 de noviembre a la fecha hemos enviado 28 notas diplomáticas a cancillería boliviana para informar sobre el otorgamiento de asilo a nacionales bolivianos”.
Por su parte, Alejandro Celorio, Consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que “cuando se atenta contra el derecho internacional, contra un tratado del que los países son parte, podemos recurrir como estado mexicano a la Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en La Haya, Holanda y es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas”.
Dicha Corte se encarga de resolver disputas entre los gobiernos que son parte de un tratado o convención y brinda opiniones consultivas relativas al derecho internacional y su aplicación.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que recurrirían a este instrumento legal internacional.
Tras esta declaración, el gobierno de Bolivia, respondió que además de ser improcendente, ese país no tenía la intención de hostigar la sede diplomática.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bolivia negó las acusaciones realizadas por el gobierno mexicano, pues, dijo, distorsionó la verdad respecto a las medidas de seguridad en la embajada.
El 23 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por la presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos frente a la residencia y embajada de México en dicho país.
Acusó que llegaron cerca de 90 elementos de seguridad, mientras que de manera regular el número no supera los seis.
El gobierno boliviano denunció a varios de los exservidores públicos refugiados en la embajada mexicana, de fraude electoral tras los comicios generales el pasado 20 de octubre.
Sin embargo, Ebrard, negó que intenten influir o tener injerencia en ese país.
Aunque el viceministro de seguridad ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, descartó una incursión a la residencia diplomática mexicana, insistió en que el gobierno de México entregue a los nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, dado que, señaló, están sujetos a causas penales por lo que no pueden gozar de asilo político de otro país.