México aprobó el protocolo modificatorio para la ratificación del Tratado Comercial entre las tres naciones, conocido como T-MEC, que firmó con los Ejecutivos de Estados Unid
os y Canadá; sin embargo el gobierno de Donald Trump envió al Congreso agregados laborales, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura, siempre rechazó.
Estados Unidos incluyó en la minuta enviada al Congreso la medida de enviar a al menos cinco inspectores laborales de ese país a supervisar que en las empresas instaladas en territorio mexicano aplican la reforma laboral, situación que la administración de López Obrador insistió en considerarlo invasión.
Ante el rechazo de México y con la insistencia de EU se llevaron a cabo negociaciones, con Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer a la cabeza; como resultado de las mismas se elaboró un protocolo modificatorio firmado hace unos días en Palacio Nacional y que sería enviado al congreso de cada país para su aprobación.
A unos días de cumplir el plazo para ratificar el T-MEC en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, este año – dado que el periodo concluye el 20 de diciembre – , se dio a conocer que la propuesta del Ejecutivo de ese país insistió en la inclusión de agregados laborales que vigilaría la implementación de la reforma laboral en México.
La disposición, dijo, se específicamente en los títulos siete y ocho, mismos que, aseguró, no formó parte de la negociación, bajo el argumento de ser una “legislación auxiliar del ámbito interno”.
“Estas disposiciones, fruto de decisiones políticas del Congreso y de la administración de Estados Unidos, no fueron, por razones evidentes, consultadas con México y desde luego no estamos de acuerdo”, detalló.
El funcionario mexicano consideró que dicha figura es innecesaria y redundante luego de que México propuso la aplicación de paneles con tres representantes de los países involucrados para resolver controversias en laborales, mismo que podría ser aplicado en ambos países.
Seade viajaría a Washington para reunirse con Lighthizer y con legisladores estadounidenses para manifestar su rechazo a esa disposición.
En su cuenta de Twitter informó que “lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene “letras chiquitas”, es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita “extras” para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE”.
Añadió que “toda exigencia inaceptable fue rechazada al grado de rompimiento de negociación, como ocurrió el jueves 6 de diciembre cuando México en su conjunto -gobierno y sectores productivos apoyaron- decidimos que no me presentaría hasta que las quitaran de la mesa. Enseguida se destrabó”.
La Cancillería mexicana informó que envió una carta a Lighthizer en donde expresa la posición del Gobierno de México, en la que destacó que “si bien México respeta el proceso legislativo estadounidense y la iniciativa de ley que forma parte del proceso de aprobación del T-MEC —en cuya formulación México no interviene— se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados, sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales”.
“Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo, le anticipo que México evaluará no sólo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país”, expuso.
Pese a que en Estados Unidos se hacen estas modificaciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal hizo pública la postura de la Cámara Alta mexicana, en torno a los cinco inspectores que pretende enviar Estados Unidos: