La cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la ley de amnistía que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero recibió ayuda extra de priistas de Coahuila.
Le bastó la ayuda de sus aliados del Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Encuentro Social para alcanzar los 306 votos a favor de esta iniciativa. Aunque la mayor parte de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional votaron contra la medida, los legisladores por Coahuila, Rubén Moreira, Martha Garay, así como Fernando de las Fuentes también apoyaron la reforma.
La oposición en su conjunto criticó que la medida, que consideran es más propaganda política del gobierno, que una verdadera reparación del daño a víctimas de encierro injustificado.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, a pesar que voto en contra, reconoce que no hay ninguna mujer, que se haya sometido a un aborto, detenida por cargos federales. Pero sí estimó que el número de personas detenidas por delitos contra la salud es alto.
La ley establece sólo cuatro supuestos para que una persona se acoja a la amnistía, quienes fueron encarcelados y sentenciados por practicarse un aborto, por sedición, robo simple y delitos contra la salud, en su modalidad de siembra, transporte o venta.
Quienes robaron menos de 50 mil pesos, sin usar violencia, que sean primodelincuentes pueden acogerse a esta medida. También serán beneficiados quienes hayan transportado hasta dos dosis de consumo de drogas, hayan sembrado, cosechado o transportado enervantes si argumentan que fueron obligados por el crimen organizado será suficiente para tramitar su liberación.
La ley ordena que se instituya una comisión encargada de revisar los casos, emitirá una recomendación a un juez, que definirá si procede o no la amnistía. Sin embargo, el priista Enrique Ochoa advirtió que esa comisión carece de legitimidad constitucional, no se estableció quienes la conformarán, ni tampoco se sentaron las bases de criterio para su actuación.
La ley fue enviada al senado de la República para su aprobación definitiva, pero establece que todos los acusados de delitos menores podrán solicitar este beneficio hasta el momento en que entre en vigor, lo cual ocurrirá al menos hasta febrero del próximo año, cuando el senado regrese del periodo de asueto.
Por ello el panista José Elias Lixa advirtió que se convierte en una “ley de amistad entre el presidente y los delincuentes”.
Otro temor que despierta entre los legisladores, es que hay un artículo transitorio que conmina a los estados a armonizar sus leyes con esta amnistía, lo que sí representaría que alrededor de 300 mil personas fueran beneficiadas a nivel nacional por delitos del fuero común, pero esto todavía será una decisión soberana de cada entidad aceptar esa invitación o no.